Los Veintisiete apoyan relajar obligaciones ambientales para aliviar a las empresas de carga burocrática

Los Veintisiete han respaldado la propuesta de la Comisión Europea de relajar las obligaciones ambientales que exigen a las empresas informar del impacto de su actividad en el medio ambiente con el fin de aliviarlas de carga burocrática, abaratar costes e impulsar su competitividad frente a competidores como China o Estados Unidos.

Esta será la posición que defenderá el Consejo en sus negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma final del texto una vez que la Eurocámara adopte también su mandato.

En concreto, este acuerdo de los Veintisiete afecta a la directiva sobre informes de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y la directiva sobre diligencia debida (CSDDD). Respecto a esta última, el Consejo también plantea pospones la fecha límite de transposición un año más, hasta el 26 de julio de 2028.

La propuesta forma parte del paquete 'Ómnibus I' adoptado por la Comisión el pasado 26 de febrero para simplificar la legislación de la UE en materia de sostenibilidad y que afecta a estas dos regulaciones sobre responsabilidad climática de las empresas.

Así, en relación con la CSRD, la Comisión propuso aumentar el límite de empleados a 1.000 y excluir a las pymes del ámbito de aplicación de la directiva. En su mandato, el Consejo ha añadido un límite de facturación neta superior a 450 millones de euros para aliviar aún más las obligaciones de las compañías.

El mandato del Consejo también introduce una cláusula de revisión relativa a una posible ampliación del ámbito de aplicación para garantizar la disponibilidad adecuada de información sobre sostenibilidad empresarial.

En lo que respecta a la CSDDD, si bien la propuesta de la Comisión no cubrió el alcance de la regulación, el Consejo aumenta los umbrales a 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación neta ya que considera que las empresas de mayor tamaño pueden tener la mayor influencia en su cadena de valor y son las más preparadas para absorber los costes y las cargas de los procesos de diligencia debida.