La Cámara de Comercio aborda con la Abogacía General del Estado la gestión del riesgo penal de las empresas

El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha organizado una sesión de trabajo con representantes de la Abogacía General del Estado para conocer su visión en materia de cumplimiento normativo y analizar el riesgo penal y reputacional de las empresas, según un comunicado de la organización.

La sesión, que ha estado presidida por el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, ha contado con el abogado General del Estado, David Vilas, y el director general de lo Contencioso de la Abogacía General del Estado, Jesús Moreno, como invitados destacados.

Durante el encuentro, Vilas ha repasado las principales normativas que están impulsando una cultura de cumplimiento dentro de la propia Administración Pública, especialmente a raíz de los fondos europeos 'Next Generation EU' y del desarrollo de instrumentos como el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAG).

El abogado General del Estado ha abordado también los "retos" que plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la óptica de la Abogacía General del Estado, subrayando la "importancia" de analizar "con rigor" cada situación para determinar si los mecanismos de cumplimiento implantados pueden exonerar de responsabilidades.

ENORME IMPACTO ANTE UNA IMPUTACIÓN
Por su parte, Jesús Moreno ha subrayado el "enorme" impacto económico, reputacional y operativo que puede generar una imputación, incluso en fases "muy tempranas" del proceso.

Asimismo, ha reivindicado la "necesidad" de elaborar planes de cumplimiento "realistas", "personalizados" y "creíbles", y ha insistido en que estos programas deben estar integrados en la cultura de la organización y diseñados desde dentro, con "implicación real" de los órganos de gobierno, "trazabilidad" en la toma de decisiones y una "adecuada" formación.

Moreno ha destacado, a su vez, la "importancia" de actuar con "diligencia" y "transparencia" desde el primer momento ante una crisis, documentar todos los procesos y apoyarse en auditorías externas como herramienta "clave" para la defensa de la compañía.

Tras las intervenciones, ha tenido lugar un coloquio en el que los participantes han abordado diferentes cuestiones, como la posibilidad de que la Fiscalía elabore guías técnicas que orienten sobre los elementos que debe tener un plan de cumplimiento eficaz para ser considerado jurídicamente relevante.

A esta sesión han asistido los responsables de cumplimiento y servicios jurídicos de las empresas que integran el Grupo de Trabajo, entre ellas Iberdrola, El Corte Inglés, Técnicas Reunidas e Inditex, así como representantes de Telefónica, PwC, CaixaBank, Mapfre o Veolia, entre otros.

El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo --presidido por Iberdrola-- fue constituido el año pasado por la Cámara de Comercio de España con el objetivo de explorar las vías adecuadas para minimizar los riesgos de la investigación judicial de las personas jurídicas por ilícitos penales.

Actualmente, está desarrollando un ciclo de conferencias con los operadores jurídicos y empresariales con el objetivo de promover una cultura ética empresarial que priorice la prevención de delitos y la identificación de buenas prácticas de cumplimiento normativo.