Díaz defiende la actuación del Gobierno en la OPA de BBVA ante el expediente de Bruselas

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido las actuaciones del Gobierno de España en el caso de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell pese a la decisión de la Comisión Europea de expedientar a España por este motivo.

"El Gobierno de España lo que está haciendo es defender los intereses generales de nuestro país. Está protegiendo a nuestro país del elevado riesgo de concentración bancaria que tenemos", ha recalcado Díaz atendiendo a los medios de comunicación.

Díaz también ha subrayado que el Gobierno "está protegiendo" a los trabajadores de la banca, que los sindicatos han llegado a situar en 10.500 posibles despidos. La ministra ha atribuido a BBVA una cifra de 5.000 posibles despidos, aunque el banco nunca ha detallado cuántos empleos se verían afectados, sino que fue la propia Yolanda Díaz la que dio esa cifra el pasado mes de mayo.

"Estamos protegiendo a los consumidores y consumidoras en nuestro país. Por tanto, el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender un servicio público financiero que es clave en las sociedades democráticas y, desde luego, el bienestar en nuestro país", ha insistido.

Este jueves, la Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general.

El Ejecutivo comunitario da ahora dos meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.

Bruselas espera ahora que España corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren un cambio bastante profundo, mientras que las que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan orientarse y utilizarse debidamente.