sábado, 19 de julio de 2025 15:52

Economía

Bruselas expedienta a España por no designar autoridad de supervisión de las reglas sobre metano de la UE

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por incumplir la obligación de designar una autoridad de supervisión del cumplimiento de las normas sobre emisiones de metano y notificarlo a Bruselas antes de que el pasado febrero expirara el plazo fijado por la normativa comunitaria.
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Archivo - Un estudio liderado por la UPV documenta

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por incumplir la obligación de designar una autoridad de supervisión del cumplimiento de las normas sobre emisiones de metano y notificarlo a Bruselas antes de que el pasado febrero expirara el plazo fijado por la normativa comunitaria.

El aviso tiene la forma de una carta de emplazamiento remitida a las autoridades nacionales que detalla las irregularidades y da al Estado miembro un plazo de dos meses para resolver la situación.

De mantenerse el incumplimiento, el expediente sancionador prevé dos fases más, una con el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo de dos meses para el diálogo y la última que supondría elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para pedir una sanción contra el país incumplidor.

En concreto, los servicios comunitarios reprochan al Gobierno haber infringido el reglamento sobre metano, al no haber designado una autoridad competente responsable de supervisar el seguimiento de la aplicación de las normas y de exigir su cumplimiento, ni haberlo comunicado a la Comisión.

El reglamento aborda la cuestión de las emisiones de metano en los sectores del petróleo crudo, el gas natural y el carbón. Su objetivo es mejorar la medición y la notificación de las emisiones de metano en la UE, fomentar la reducción de estas y aumentar la transparencia en la UE y a escala mundial, según resume la Comisión en un comunicado. También incentiva a los socios internacionales de la UE a medir, notificar y reducir sus emisiones de metano.

Junto a España, Bruselas expedienta por el mismo motivo a otros ocho países: Bulgaria, Estonia, Irlanda, Italia, Lituania, Austria, Eslovaquia y Finlandia.

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