El Gobierno lanza la tramitación por vía urgente del Real Decreto con medidas para reforzar sistema eléctrico

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado la tramitación por la vía de urgencia y acortando plazos, la propuesta de Real Decreto por el que se aprueban determinadas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.

Este proyecto regulatorio contiene medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2025, que fue 'tumbado' el pasado 22 de julio en el Congreso de los Diputados, que pueden promulgarse con menor rango normativo y que contribuyen a aumentar la resiliencia del sistema eléctrico y responder a los riesgos y oportunidades de la transición ecológica, informó el Ministerio.

El texto de propuesta de Real Decreto estará así abierto a alegaciones hasta el próximo 11 de agosto y cumple así con lo aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros de iniciar su tramitación administrativa urgente.

En concreto, el Real Decreto busca rescatar por la vía de urgencia medidas de supervisión y control dirigidas al cumplimiento de las obligaciones por parte del conjunto de agentes del sector eléctrico, que estaban recogidas en el Real-Decreto Ley que cayó en la votación de la Cámara Baja y que pretendía poner en marcha una batería de medidas para evitar una situación como la del apagón eléctrico peninsular del pasado 28 de abril.

De esta manera, se retoman las medidas que se habían propuesto para empoderar al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), en su labor de supervisión y control.

Así para reforzar la gestión técnica del sistema, se propone potenciar las funciones de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que deberá evaluar las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio, y elaborar el informe correspondiente, que actualizará cada tres meses.

El regulador también completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición, con mayor atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, que se repetirá cada tres años.

Por otro lado, se encomienda al operador del sistema -Red Eléctrica-, a elaborar propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema.

De igual modo, se emplaza a Red Eléctrica el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución, y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes.

Estas propuestas técnicas del operador del sistema deberán estar listas en plazos de tres a seis meses; las reformas normativas subsiguientes deben ser analizadas por parte de los organismos competentes y, en su caso, tras las correspondientes valoraciones, aprobarlas en menos de seis meses.

IMPULSO DEL ALMACENAMIENTO.
El borrador de decreto facilita también incorporar al sistema eléctrico el almacenamiento, que debe alcanzar una potencia de 22,5 gigavatios (GW) en 2030, según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

Así, incluye disposiciones técnicas específicas para las hibridaciones de módulos de almacenamiento con instalaciones de generación, priorizando las actuaciones ubicadas dentro del terreno ocupado por la instalación original, ya antropizado.

Para ello contempla medidas asociadas a la definición de la potencia instalada, el cambio de la prioridad de despacho de instalaciones para evitar penalizar la hibridación y la agilización de la tramitación de proyectos de hibridación.

CADUCIDAD DE LOS PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN A LOS CINCO AÑOS.
Con el objeto de impulsar la electrificación y con ello un uso más eficiente de las redes existentes, la propuesta regulatoria fomenta la conexión a la red de nuevas actividades económicas, principalmente industriales, al fijar la caducidad de los derechos de acceso y conexión para demanda a los cinco años de haber sido otorgados, con el objetivo de prevenir el acaparamiento y la especulación.

En este mismo sentido, las peticiones de acceso y conexión para demanda deberán identificar el código CNAE de la actividad a desarrollar, que deberá ser la misma cuando, posteriormente, se firme el correspondiente contrato de acceso y conexión.

ACELERA LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS DEMANDAS, COMO PUNTOS DE RECARGA.
La demanda de electricidad, para puntos de recarga para vehículos eléctricos o para los sectores terciario y residencial, también se impulsa al acotar los plazos de respuesta de las compañías distribuidoras a la hora de poner en marcha las extensiones de red requeridas para nuevos suministros: serán de cinco días si no hay que ampliar la red, de 30 días si se precisa esta ampliación, de 60 días si hay que construir un centro de transformación y 80 días como máximo si hay que construir varios centros.

El proyecto regulatorio, de marcado contenido técnico, incorpora otros elementos relevantes al ordenamiento jurídico, como de la definición de repotenciación, concepto incluido la Directiva 2023/2413 (DER III).

La propuesta también modifica la autorización de plataformas que sirvan para conectar instalaciones de generación o almacenamiento de I+D+i, de tal forma que podrán obtener autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de proyectos tipo. Esto permitirá que baste con una autorización de explotación para desconectar un prototipo y conectar uno nuevo.