La comisión europea sobre vivienda destaca la mayor incidencia de alquileres turísticos ilegales en España

Resalta el "ejemplo de mala práctica" que supone la gran cantidad de socimis en España, debido a la concentración de la propiedad

El vicepresidente de la Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda en la Unión Europea (HOUS), Vicent Marzá (Verdes/ALE) ha alertado que el alquiler ilegal turístico de apartamentos tiene mucha más incidencia en España debido a que el impacto del turismo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) es "altísimo".

Así lo ha asegurado durante la presentación del primer informe de la comisión HOUS, perteneciente al Parlamento Europeo, cuya misión es analizar en profundidad las causas estructurales de la crisis y proponer soluciones concretas y aplicables a escala europea.

Por su parte, el eurodiputado 'popular' Borja Giménez --quien ha sido el ponente del informe-- ha afirmado que cuestiones como la falta de suelo, los trámites burocráticos o la lentitud de los procedimientos afectan al resto de países europeos, aunque ha reconocido que en España se dan "con mayor determinación".

Además, Marzá --quien ha opinado que el alquiler turístico ilegal no se debe prohibir, sino reducir-- ha resaltado que España es el segundo país del mundo con más sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), después de Estados Unidos.

Para el vicepresidente de la comisión, eso es un "ejemplo de mala práctica", porque "está concentrando la propiedad", "está bonificando con dinero público, con excepciones, a aquellos que más propiedad tienen" y "está penalizando a los que tienen una o dos propiedades que pagan más por alquilar su segunda vivienda" y no a los que tienen "15, 20 o 100".

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN HOUS
El borrador del informe identifica como causa principal de la crisis de la vivienda la falta de oferta de viviendas, "consecuencia de décadas de escasa construcción, procesos urbanísticos demasiado largos, inseguridad jurídica, elevados costes de materiales y una fuerte carga fiscal".

Además, el texto subraya que este déficit representa no solo un "reto social", sino también una "amenaza" para la competitividad de la Unión Europea (UE).

Para hacerle frente, la comisión HOUS propone un plan enfocado en aumentar la construcción y renovación de viviendas reduciendo trabas administrativas, agilizando permisos y protegiendo el derecho de propiedad; y también en impulsar medidas dirigidas a jóvenes, familias y trabajadores esenciales, como préstamos asequibles, garantías públicas y más vivienda social.

Asimismo, dado que los fondos públicos resultan "insuficientes", el documento plantea movilizar capital privado, reforzar las alianzas público-privadas y "aprovechar mejor" los fondos europeos, con un papel central del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y su Plan de Acción para Vivienda Asequible.

La comisión HOUS pide a la UE y a sus Estados miembros que "respeten y destaquen el papel fundamental" de las autoridades locales y regionales a la hora de identificar las necesidades de vivienda y diseñar medidas "específicas" para la población local.

En la misma línea, subraya la "importancia" de promover estrategias urbanas "integradas" y pide que "se garantice" que las autoridades locales tengan acceso directo a los fondos de vivienda de la UE y estén facultadas para gestionarlos, debido a "su proximidad a las realidades de las necesidades locales".

La comisión alienta, a su vez, el uso de Eurostat para "recopilar, analizar y compartir datos sobre vivienda a través de una plataforma digital de la UE específica para datos sobre vivienda en tiempo real, de nueva creación, garantizando la interoperabilidad de las fuentes de datos existentes y evitando la duplicación de esfuerzos".

Igualmente, pide a la Comisión Europea (CE) que lleve a cabo una evaluación de impacto "basada en datos y pruebas" de los efectos de los alquileres a corto plazo en los precios de la vivienda, tanto en el mercado inmobiliario macro como en el micro, así como en la disponibilidad del parque de viviendas existente, tras la plena aplicación del Reglamento (UE) 2024/1018 sobre alquileres a corto plazo.

El texto, presentado el 25 de septiembre por Borja Giménez ante la comisión parlamentaria de Vivienda, admitirá enmiendas hasta el próximo 20 de octubre y posteriormente seguirán negociaciones sobre la forma final del documento con vistas a que se apruebe en el pleno de marzo.