El Gobierno permitirá que los ciudadanos auditen contratos públicos junto a la IGAE

Se podrá obligar a las empresas que acudan a licitaciones a firmar 'pactos de integridad' para prevenir la corrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en primera vuelta, el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que contempla, entre otras medidas, la posibilidad de que las empresas que concurran a licitaciones públicas sean obligadas a firmar un 'pacto de integridad', así como el establecimiento de auditorías ciudadanas para la vigilancia de distintos contratos suscritos con la Administración.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, estas auditorías ciudadanas irán de la mano del Ministerio de Hacienda, a quien ha agradecido su colaboración.

En concreto, la norma permitirá a los ciudadanos participar junto a la Intervención General del Estado (IGAE) y liderados por ella en auditorías sobre actuaciones, políticas o entidades del sector público estatal.

En cuanto a los 'pactos de integridad', los órganos de contratación del sector público podrán obligar a los licitadores a incluir junto con sus ofertas y como condición para su admisión a la licitación el compromiso de suscribir estos pactos para prevenir y luchar contra la corrupción, así como el compromiso de someterse a una monitorización de todas las fases del procedimiento por las auditorías ciudadanas.

El anteproyecto de ley sigue las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Estado de Derecho; de la OCDE sobre gobierno abierto e integridad pública y las contenidas en las rondas de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Además, según el Ministerio que dirige Óscar López, supone un "hito más" en la senda marcada por el Gobierno de España con la publicación del Plan de Acción por la Democracia, el Plan estatal de lucha contra la corrupción, la estrategia 'Consenso por una Administración Abierta' y la ratificación del convenio de Tromso.

El anteproyecto proseguirá ahora su tramitación con los informes preceptivos de los órganos consultivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley y remisión a las Cortes.