CEOE y el Tercer Sector reclaman cambios en la Ley de Desindexación para garantizar los servicios públicos

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, han emitido una declaración conjunta en la que instan al Gobierno a modificar la Ley de Desindexación de la Economía Española con el objetivo de "garantizar la viabilidad de los servicios públicos esenciales".

En concreto, ambas organizaciones han alertado de que esta normativa, que desvincula los precios de los contratos públicos del Índice de Precios al Consumo (IPC), impide la revisión periódica y predeterminada de los precios, incluso ante situaciones sobrevenidas, con lo que esta provocando un "grave impacto en la contratación pública de servicios esenciales".

"Esta rigidez normativa está generando efectos perversos en la prestación de servicios básicos, especialmente en el actual contexto socioeconómico marcado por la inflación y la incertidumbre geopolítica", han esgrimido sendas entidades.

PONE EN RIESGO "LA VIABILIDAD DE MUCHOS CONTRATOS"
El comisionado de sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector, Juan Antonio Segura, que ha firmado el documento conjunto en representación de la entidad, ha señalado que la aplicación de la desindexación al sector servicios pone en riesgo la viabilidad de muchos contratos, compromete la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y amenaza la sostenibilidad de las organizaciones que prestan estos servicios.

Por su parte, el presidente de la comisión de servicios intensivos en personal de la CEOE, Juan Ignacio Beltrán García-Echániz, considera necesaria la aplicación de esta modificación ya que, en un contexto tan incierto como el actual, las posibles fluctuaciones de costes y la imposibilidad de adaptar los contratos a los mismos, generan una situación de inseguridad que afectan de forma importante a la actividad en el sector y van en detrimento, en último término, de las personas beneficiarias de los servicios.

En este contexto, cabe recordar que recuperar la actualización automática de los contratos públicos en base a la variación del IPC es una "demanda histórica de CEOE ya que, a juicio de la asociación, esta "garantizaría la viabilidad de muchas empresas y organizaciones, especialmente del tercer sector, que ahora no pueden ajustar los precios pese a la subida de costes".

DESINCENTIVA LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS
Al hilo, ambas organizaciones han destacado que se está produciendo un "desequilibrio económico" en los contratos, obligando a muchas entidades a prestar servicios a pérdidas, lo que desincentiva la participación en licitaciones públicas al no poder garantizar condiciones mínimas de calidad y regularidad.

"Además, se pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales, especialmente aquellos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, y se amenaza la viabilidad de las organizaciones prestadoras, agravada por prórrogas forzosas y órdenes de continuidad sin posibilidad de revisión de precios", han explicado.

Asimismo, CEOE y la Plataforma del Tercer Sector han reclamado "recuperar la indexación de los contratos públicos de servicios, una demanda reiterada por organizaciones sociales, sindicales y empresariales". Para ello, proponen modificar la Ley 2/2015 y su normativa de desarrollo, así como el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de permitir la revisión de precios en función de la evolución de los costes.

Además, subrayan que ya se han aprobado medidas similares para los contratos de obra pública, lo que demuestra la "viabilidad jurídica y presupuestaria de aplicar esta solución también al sector servicios".

Por último, ambas entidades han reclamado al Gobierno que actúe "con urgencia" para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las crecientes demandas sociales.