Las agencias antifraude reciben más de 200 denuncias al año por irregularidades en contratos públicos

La presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María Luis Araújo, ha apuntado este martes en el Congreso que las oficinas y agencias antifraude recibieron en 2023 un total de 221 denuncias por irregularidades en materia de contratación pública.

La presidenta de este organismo, que está adscrito al Ministerio de Hacienda y echó a andar en 2018, ha comparecido en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para presentar el informe anual de actuaciones de la oficina correspondiente a datos del 2023.

Al mismo tiempo que ha avanzado ese dato de 221 denuncias, Araújo ha apuntado que durante 2023 se tramitaron 4.799 recursos especiales en materia de contratación, un mecanismo que permite impugnar ciertas decisiones en procesos de licitación pública.

Sin embargo, ha señalado que de esa cifra el 30% fueron objeto de inadmisión o archivo en los tribunales, lo que a su juicio presupone "un cierto abuso" de esa figura. No obstante, ha matizado que también se estimaron otros tantos recursos, la mayoría de las veces en la fase de adjudicación del contrato.

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SUPERA EL 11% DEL PIB
Por otro lado, la presidenta de este organismo ha detallado que el gasto en contratación pública en España ascendió al 11,55% del Producto Interior Bruto (PIB) del país durante el 2023 y la mayoría de estos recursos se concentró en las comunidades autónomas, según datos ofrecidos este martes en el Congreso por la

Araújo ha indicado que el gasto en contratación pública ascendió a 107.558 millones de euros que se vehicularon mediante 196.763 licitaciones. Del total del dinero, 43.507 millones de euros corresponden al sector autonómico, 36.510 millones al sector estatal y 27.901 millones al sector local.

EL ORGANISMO NO RESPONDE SOBRE LOS CONTRATOS DE HUAWEI
Otro de los puntos del orden del día de esta comisión tenía por objeto informar sobre los contratos públicos suscritos por la Administración General del Estado con la empresa china Huawei entre 2020 y 2025.

Sin embargo, la presidenta de la oficina adscrita a Hacienda ha señalado que no tiene competencias para informar sobre este asunto y no ha aportado ningún dato al respecto.