Economía-(AM)Garamendi anuncia que CEOE abandonará mesa para reforma del despido ya que "premisa principal no es cierta"

Denuncia que la actitud del Ministerio de Trabajo provoca "pérdida de confianza en los acuerdos"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que, tal y como ha decidido el comité ejecutivo de la entidad, esta abandonará las negociaciones que están llevando a cabo la reforma del despido en España.

"Os anuncio, lo habíamos decidido a la mañana el comité ejecutivo, que en el caso de los despidos, es algo que realmente la justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta", ha señalado.

Así se ha expresado este miércoles durante el acto de clausura de la asamblea general ordinaria de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), donde ha aprovechado, asimismo, para criticar que "el propio Gobierno dice que son los sindicatos los que tienen que hacer la propuesta".

"Imaginaros que en algún otro gobierno hubieran dicho que la propuesta la hubiera hecho la CEOE, no sé, hubiera sido un auténtico escándalo", ha manifestado.

CEOE ACUDIÓ ESTE LUNES A LA PRIMERA REUNIÓN PARA LA REFORMA
Este pasado lunes el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, convocó la primera de las reuniones para negociar la reforma del despido, a la que CEOE acudió para escuchar la propuesta de la cartera, que aún no se ha puesto sobre la mesa.

Asimismo, fuentes de la patronal, que desde un primer momento se mostraba reticente a dicho convenio, indicaron que ya emitirían su valoración en función de cómo vaya transcurriendo el proceso de negociación, para este miércoles, dos días después, comunicar que abandona dicha mesa.

Por otra parte, Garamendi también ha abierto la puerta a "recurrir" el salario mínimo interprofesional (SMI), argumentando que esta es la línea que se ha decidido tomar en el comité ejecutivo. "Hay cosas que tendremos que parar", ha declarado, aludiendo a que si se empiezan a "plantear temas" en torno al SMI con los que no están de acuerdo "pues tendrán que ir lógicamente al recurso, porque es lo que su gente necesita".

Por último, el presidente de la entidad también ha denunciado que la actitud del Ministerio de Trabajo provoca una "pérdida de confianza en los acuerdos", llamando en este caso a fomentar el "diálogo social".

RECOGIDA EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE PSOE Y SUMAR
En este contexto, cabe recordar que la reforma del despido está recogida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar y responde además a la interpretación que ha hecho de la normativa española el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). En concreto, el CEDS, con sede en Estrasburgo, condenó a España por "vulnerar" la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado), que considera insuficiente y no disuasoria para el empresario.

Así lo determinó en dos resoluciones, una en julio de 2024 y otra en junio de 2025, que emitió a raíz de las denuncias presentadas por UGT y CCOO contra España por incumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea referido a la protección de los trabajadores en caso de despido.

Las denuncias sindicales ante el CEDS indicaban que el derecho español no permite a los trabajadores reclamar una indemnización vinculada al daño real sufrido en caso de despido improcedente ni permite que ésta sea "mínima, accesible y efectiva" para que tenga un efecto disuasorio.

NO REPARA "EL PERJUICIO SUFRIDO POR LA VÍCTIMA EN TODOS LOS CASOS"
En sus resoluciones condenando a España, el CEDS establecía que los límites máximos de indemnización fijados por la legislación española "no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario".

Los sindicatos, animados por las resoluciones del CEDS y sabiendo que esta reforma forma parte del programa de gobierno, instaron a Díaz a convocar la mesa de negociación lo antes posible para reformar la ley, a fin de que la indemnización por despido sin causa sea realmente disuasoria y repare el daño causado al trabajador, teniendo además en cuenta sus circunstancias personales.

No obstante, el Tribunal Supremo dictó el pasado mes de julio una sentencia en la que establecía que no se puede incrementar por vía judicial esta indemnización sin que ello suponga ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en los que sólo se indica que la indemnización debe ser adecuada.

INDEMNIZACIÓN "NO PUEDE VERSE INCREMENTADA EN VÍA JUDICIAL"
De esta manera, el Tribunal Supremo avaló lo dictado en un fallo del pasado diciembre, donde el pleno de su Sala Cuarta ya dictaminó por "unanimidad" que la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores "no puede verse incrementada en vía judicial".

El Supremo considera que la expresión derecho a una "indemnización adecuada", que reitera el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, resulta "literalmente inconcreta". Por ello, el Alto Tribunal entiende que no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de "declaraciones programáticas, de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa".

Además, el Supremo defiende que la doctrina constitucional ha manifestado que la indemnización tasada de la legislación española "es una indemnización adecuada". "Esta fórmula legal ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos", exponen desde el Supremo.

El Alto Tribunal concluye en la sentencia que las decisiones del CEDS "no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares", ya que, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este "no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias".

"INCREMENTO DE LOS COSTES Y EXCESO DE REGULACIÓN NORMATIVA"
De su lado, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha puesto de relieve la "difícil situación por la que atraviesan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas y las microempresas, afectadas por un desmesurado e incesante incremento de los costes y un exceso de regulación normativa".

Así, De Miguel ha recodado que en los últimos cinco años han desaparecido cerca de 23.000 microempresas, lo que evidencia la "preocupante situación que vive el colectivo más sensible del tejido empresarial español". En su intervención, Ángela de Miguel se ha referido al "exceso burocrático y normativo como un factor que genera incertidumbre y obstaculiza la inversión empresarial".

Por último, la presidenta de Cepyme ha reivindicado el papel del diálogo social y de la negociación colectiva para abordar las medidas que afectan a las empresas y los trabajadores, como la mencionada reducción de la jornada laboral.