Vox registra en el Senado un veto a la Ley de Movilidad al creer que subordina España a la Agenda 2030

Vox ha registrado en el Senado un veto a la Ley de Movilidad Sostenible, al considerar que se trata de un proyecto del Gobierno que "subordina las políticas nacionales a una estrategia supranacional de descarbonización impuesta desde Bruselas", como la Agenda 2030.

La formación que lidera Santiago Abascal, que ya se opuso junto al PP a la aprobación de esta ley en el Congreso y anuncia así su futuro veto también cuando llegue al Senado, cree que esta ley "limita la soberanía energética, la libertad de los ciudadanos y la capacidad de decisión de España".

"En definitiva, este proyecto no responde a una necesidad real de los españoles, sino al cumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno con la Comisión Europea en el marco de los fondos europeos Next Generation EU, así como a los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030", manifiesta en un comunicado.

Vox asegura que esta ley prevé la instauración de peajes en las autovías, aunque no es algo que esté incluido en esta ley. De hecho, algunos sectores de la economía, como el de las concesionarias de autopistas, ya han lamentado que se hayan descartado finalmente los peajes en las autovías.

Al contrario, el Gobierno está suprimiendo todos los peajes en todas las autopistas en las que los contratos con empresas privadas van venciendo. Cuando hace años se estaba tramitando esta ley, sí se habló de los peajes como un compromiso con Europa (donde por regla general sí hay peajes en las autovías), pero se llegó a eliminar en varias negociaciones.

Vox también argumenta que el nuevo mapa concesional de autobuses incluido en esta ley supondrá la eliminación de paradas en zonas rurales. Sin embargo, el mapa inicialmente planteado (que sí eliminaba paradas de las rutas estatales para que las asumiesen las comunidades) se está rehaciendo actualmente después de que las comunidades se hayan negado a asumir los nuevos tráficos.

El partido político también se ha posicionado en contra de la obligación de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades de más de 50.000 habitantes, al considerar que "restringe la circulación en miles de municipios y castigan a quienes no pueden adquirir un vehículo nuevo o eléctrico".