La PMcM celebra que la Comisión Europea mantenga en su agenda para 2026 el Reglamento contra la Morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha valorado muy positivamente que la Comisión Europea mantenga en su agenda de trabajo para 2026 la propuesta del Reglamento Europeo contra la Morosidad.

Para la Plataforma, esta iniciativa es "clave" para garantizar los pagos en plazo a los proveedores y proteger a las pymes europeas frente a las malas prácticas de grandes corporaciones y administraciones públicas.

Durante las últimas semanas, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha mantenido encuentros con líderes europeos y representantes institucionales como Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), e Iratxe García, presidenta del Grupo Socialista al Parlamento Europeo, con el objetivo de evitar que la propuesta decayera ante "las presiones de grandes lobbies empresariales y de algunos gobiernos" de los Estados miembros.

Con este mismo fin, también se ha reunido con Dolors Montserrat, secretaria general del PPE, y con las eurodiputadas Laura Ballarín y Diana Riba.

"Hemos trabajado intensamente en Bruselas para que la lucha contra la morosidad no quede aparcada. El mantenimiento del Reglamento en la agenda europea es una victoria de las pymes y de la economía real", ha subrayado Antoni Cañete, a través de un comunicado.

La PMcM ha recordado que el Parlamento Europeo ya aprobó la propuesta de Reglamento en una votación histórica que situó por primera vez la morosidad como un problema estructural de competitividad y justicia económica. No obstante, su avance se vio amenazado en los últimos meses por intensas presiones de determinados sectores que pretendían frenar su aplicación definitiva.

La PMcM ha instado ahora al Consejo de la Unión Europea a avanzar con determinación hacia la aprobación definitiva del Reglamento, y a garantizar que su aplicación sea homogénea en todos los Estados miembros, estableciendo plazos de pago justos, mecanismos de transparencia y sanciones efectivas para quienes incumplan.