BBVA Research ve las tecnologías de captura de carbono "clave" para una economía descarbonizada y competitiva

Las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) tienen potencial de ser una "herramienta clave" en la transición hacia una economía descarbonizada y competitiva, según un análisis reciente de BBVA Research titulado 'La oportunidad de la captura de carbono para la economía española'.

Como detalla BBVA Research en un comunicado, España genera alrededor del 33% de sus emisiones en sectores 'hard to abate', diez puntos más que el promedio mundial. Son industrias como las del cemento, la metalurgia o la química, cuya descarbonización total solo es viable con tecnologías capaces de capturar el CO2.

Asimismo, según esta misma fuente, las CCUS contribuirían a mejorar la competitividad y a preservar el empleo de actividades que representan cerca del 2% del PIB y más del 1% del empleo. En regiones con fuerte peso industrial --como Asturias, Cantabria, País Vasco o la Comunitat Valenciana-- su despliegue ayudaría a reducir el riesgo de deslocalizaciones derivadas del aumento del precio del carbono.

"Las CCUS también pueden convertirse en catalizador de nuevos ecosistemas industriales, especialmente en torno al hidrógeno verde y los combustibles sostenibles. Al reutilizar el CO2 capturado, estos proyectos cerrarían el ciclo de carbono y darían lugar a cadenas de valor innovadoras, contribuyendo a una reindustrialización verde", han apuntado los economistas de BBVA Research.

Un ejemplo podría ser la descarbonización del transporte aéreo y marítimo. España, como potencia turística, suministra en sus aeropuertos el 15% del combustible de aviación de la UE, que ha establecido para el sector ambiciosos objetivos de descarbonización, incluyendo el suministro de combustibles sintéticos. "Si se pretende no solo suministrar, sino también producir en España, la captura de carbono puede ser decisiva, combinando CO2 capturado con hidrógeno verde, obtenido con energía renovable, solar y eólica, en cuya producción España destaca", han añadido.

RENTABILIDAD Y REGULACIÓN
Del mismo modo, el informe señala que el principal desafío de las CCUS sigue siendo su rentabilidad económica negativa, ya que hoy, capturar una tonelada de CO2 cuesta más que emitirla. Los costes de abatimiento, que pueden oscilar entre 100 y 160 euros por tonelada, superan el precio de los derechos de emisión del sistema europeo (EU-ETS). Sin más incentivos, las inversiones en CCUS no resultan viables.

Sin embargo, esta brecha tenderá a reducirse. El coste de emitir CO2 en la UE seguirá aumentando con la menor oferta de derechos de emisión y a medida que se retiren los permisos gratuitos entre 2026 y 2034, en paralelo a la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). De hecho, las industrias españolas se han ahorrado más de 16.000 millones de euros en permisos entre 2016 y 2024, de los cuales casi 13.000 millones corresponden a sectores 'hard to abate'.

Asimismo, sostienen que "su eliminación incrementará el coste efectivo de las emisiones y hará económicamente más atractivas las tecnologías de captura". Además, las tecnologías de captura "serían ya rentables socialmente", considerando que el precio en el mercado de los derechos de emisión de CO2 "no compensa todos los costes para la sociedad de usar la atmósfera como repositorio de emisiones de gases de efecto invernadero, muy superiores según el consenso de estimaciones".

El segundo obstáculo es la regulación. Aunque Europa "avanza" con iniciativas como la Ley de Industria Net Zero o la Estrategia de Gestión Industrial del Carbono, España carece aún de una estrategia nacional específica para las CCUS. El actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) limita su papel a última instancia, lo que resta ambición y desincentiva inversiones.

"Para desbloquear proyectos es necesario un marco regulatorio estable, que alineado con el de la UE, defina normas claras sobre captura, transporte y almacenamiento, y garantice seguridad jurídica", han explicado los autores del estudio.

VENTAJAS COMPARATIVAS DE ESPAÑA
España cuenta con "una base sólida" para situarse entre los líderes europeos en tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono. Una de sus principales ventajas es la disponibilidad de electricidad de fuente renovable y por tanto competitiva, resultado de la rápida expansión de la energía solar fotovoltaica y la eólica. Dado que la captura de CO2 es un proceso altamente electrointensivo, esta reducción del coste energético convierte a España en un entorno favorable para la instalación de proyectos de CCUS.

Otra fortaleza se encuentra bajo el suelo. Según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el país dispone de 103 acuíferos profundos aptos para el almacenamiento geológico de CO2, lo que lo sitúa como la tercera mayor reserva potencial de Europa, solo por detrás de Noruega y Alemania. Estas formaciones, localizadas en su mayoría cerca de clústeres industriales del norte y del valle del Ebro, ofrecen una ventaja logística y económica clara: permiten capturar y almacenar carbono a menor coste, sin necesidad de transportarlo a largas distancias.

A estas ventajas físicas se suma una base científica y tecnológica en expansión. España ha encadenado nueve años consecutivos de aumento en la inversión en I+D, alcanzando un récord histórico de más de 22.000 millones de euros en 2023, con la participación tanto del sector público como del privado. "Este esfuerzo sostenido ha de consolidarse potenciando un ecosistema de innovación disruptiva orientado a la sostenibilidad, a la 'deep science', por ejemplo, escalando soluciones CCUS competitivas", ha añadido el informe.

"PALANCAS PARA CONVERTIR LA VENTAJA EN ACCIÓN"
A pesar de este potencial, España "aún carece de los instrumentos necesarios para convertir sus ventajas en resultados tangibles". El informe subraya "la urgencia de diseñar una estrategia nacional de CCUS que marque un rumbo claro".

Dicha estrategia debería fijar objetivos concretos de captura y almacenamiento a medio y largo plazo, identificar polos industriales prioritarios --como los corredores cántabro y del Ebro o los complejos petroquímicos de Tarragona y Huelva-- y movilizar inversión pública y privada mediante programas específicos de apoyo. "La falta de una hoja de ruta coordinada ha limitado hasta ahora el desarrollo de proyectos piloto y el acceso a fondos europeos destinados a estas tecnologías", han asegurado.

Junto con la planificación, será "imprescindible" invertir en infraestructuras críticas que hagan posible la economía del carbono circular. "España debe avanzar en la creación de redes de transporte --los llamados ceoductos-- que conecten los principales focos emisores con los emplazamientos de almacenamiento geológico identificados por el IGME o desarrollen corredores de CO2 hasta los focos industriales de utilización", defienden desde BBVA Research.

El avance normativo será, no obstante, "la palanca primordial". España necesita un marco regulatorio alineado con el europeo que proporcione seguridad jurídica, defina responsabilidades sobre captura y almacenamiento y habilite la participación en proyectos transfronterizos. Asimismo, el desarrollo de incentivos fiscales y financieros, junto con mecanismos de colaboración público-privada, puede acelerar el despliegue de tecnologías de CCUS y del hidrógeno verde.

"Con una regulación adecuada, infraestructuras desarrolladas y una estrategia coordinada, España podría pasar de tener un alto potencial a ocupar una posición de liderazgo. La captura de carbono ofrece una oportunidad no solo para cumplir los objetivos climáticos, sino también para preservar la competitividad industrial y fomentar un modelo productivo más innovador, resiliente y sostenible", ha concluido el informe.