El BCE insta a Italia a descartar el borrador que declara el oro de su banco central "propiedad del pueblo"

El Banco Central Europeo (BCE) ha instado este miércoles al Gobierno italiano a no incluir en sus presupuestos la cláusula que especificaría que las 2.452 toneladas de oro depositadas en el Banco de Italia son "propiedad del pueblo italiano" al entender que esto podría comprometer la labor de este último organismo.

"Invitamos a las autoridades italianas a reconsiderar el borrador del artículo, también con vistas a preservar la independencia del Banco de Italia", ha resumido en un documento legal que analiza el asunto.

El partido de Georgia Meloni y socio mayoritario dentro de la coalición conservadora, Fratelli d'Italia, ha asegurado que el objetivo es "aclarar" la propiedad del metal precioso. El oro del Banco de Italia tiene un valor de mercado de unos 285.000 millones de euros.

Sin embargo, el informe del BCE ha indicado que el borrador italiano no incluye ninguna argumentación que justifique la necesidad de implementación. Igualmente, ha destacado que Roma no ha consultado la medida con el Banco de Italia para asegurar su compatibilidad con la legislación.

Además, ha constatado que los tratados que determinan las competencias tanto del instituto emisor como del Eurosistema no abordan la propiedad de las reservas monetarias, sino su custodia y gestión.

"El principio de independencia financiera exige que exista una cantidad suficiente de reservas para garantizar que el Banco de Italia disponga de los medios financieros necesarios para desempeñar sus funciones de forma independiente", ha indicado el texto.

De modificarse la titularidad del oro, el Estado italiano podría disponer del mismo para reducir la deuda o financiar programas de estímulo. Actualmente, solo los beneficios derivados del manejo del oro pueden traspasarse a Roma.

En este sentido, el BCE ha advertido que la transferencia de las reservas extranjeras, como el oro, con vistas a respaldar directamente al Gobierno supondría una violación de los Tratados, que proscriben la financiación del sector público desde los bancos centrales.

El organismo presidido por Christine Lagarde ha recordado que el orden jurídico prohíbe a los bancos centrales pedir orientación o seguir instrucciones de los Gobiernos nacionales, al tiempo que las capitales aceptarían su independencia y autonomía de actuación.