CeJuego pide el cese del ministro de Consumo y del director general de Ordenación del Juego tras las multas

Al estimar que han hecho un uso "tendencioso" de los datos públicos sobre multas al sector, dañando la imagen del juego privado legal

El Consejo Empresarial del Juego (CeJuego) ha exigido el cese del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y del director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana Etxezarreta, al considerar que ambos han hecho un uso "tendencioso" de los datos públicos sobre sanciones al sector, dañando la imagen del juego privado legal en España.

En concreto, la organización ha denunciado en un comunicado remitido a Europa Press que el Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), difundió el pasado 25 de noviembre una nota de prensa en la que se recogen las multas impuestas a los operadores sancionados durante el año 2025.

En dicho escrito, el Ministerio "omite de manera injustificada la sanción impuesta a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)", ha explicado CeJuego.

"La multa ascendía a 126.000 euros y dicho montante sí forma parte de las cantidades totales mencionadas por la DGOJ, pero la entidad pública no aparece en el comunicado del Ministerio", ha añadido.

CeJuego revela que, según la propia base de datos de la DGOJ, "SELAE fue multada en cuatro ocasiones en diciembre de 2024 por permitir la participación de personas incluidas en el registro de autoprohibidos en su portal web".

La organización considera que este tipo de infracciones responden al "menor control" del que dispone SELAE, dado que, como operador público, "está sujeta a regulaciones más laxas que las impuestas a los operadores privados".

El director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, ha afirmado que "esta forma de proceder erosiona la imagen del sector legalmente establecido en España y desvirtúa la realidad". "No es aceptable que se utilice información parcial o presentada de manera tendenciosa para atacar al operador privado, mientras se omiten hechos relevantes que afectan al operador público", ha argumentado.

EL GOBIERNO ES "JUEZ Y PARTE"
CeJuego sostiene que el Gobierno es "juez y parte", puesto que ejerce funciones regulatorias y de supervisión sobre los operadores privados, que son la competencia de SELAE en el mercado, lo que, en opinión de la asociación, constituye un conflicto de intereses que impide poder participar en igualdad de condiciones.

Por este motivo, CeJuego ha avanzado que presentará un escrito ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para denunciar estos hechos y solicitar su intervención.

"Ante esta situación, y a la vista de lo que el sector considera un uso indebido y tendencioso de datos públicos y un comportamiento reiterado que daña la imagen del juego privado legal en España, CeJuego solicita el cese del ministro de Consumo y del director general de Ordenación del Juego", ha detallado.

CRITICA EL TITULAR DE LA NOTA DE PRENSA
Asimismo, el sector ha criticado que "el titular de la nota de prensa publicada por Consumo induce a pensar que operadores legalmente autorizados habrían recibido sanciones millonarias".

El encabezamiento difundido por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy rezaba: "Consumo sanciona a 26 operadores de juego con más de 3 millones de euros por infracciones graves: Betfair, 888 y Codere, entre los multados".

En este sentido, el sector considera que "esta presentación de datos supone una confusión deliberada entre el juego legal y el clandestino (ilegal), con el objetivo de generar titulares sensacionalistas".

30 MILLONES DE LA MULTA CORRESPONDEN A OPERADORES ILEGALES
"La realidad es que, de los operadores privados citados en el alarmante titular del comunicado, las cifras se sitúan entre los 17.500 y los 125.000 euros. De los 33 millones mencionados por el Ministerio, 30 millones corresponden a multas contra seis operadores sin licencia y, por tanto, ilegales", ha detallado la organización.

Para las asociaciones del sector, "este incidente es una muestra palpable del trato persecutorio que, durante varios años, ha mantenido el Ministerio de Consumo contra un sector legal y que siempre ha buscado el diálogo con las administraciones públicas".