Vídeo: Los jóvenes no pueden acceder a la vivienda universitaria ni obteniendo becas públicas

El debate sobre la vivienda universitaria y las ayudas al estudiantado alcanza niveles alarmantes mientras miles de jóvenes ven cómo sus aspiraciones educativas se ven condicionadas por problemas económicos. La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, expone con claridad la magnitud del problema, propone soluciones inmediatas y plantea cambios estructurales de largo plazo para asegurar el derecho a la educación superior en condiciones dignas.

Una barrera económica que limita oportunidades

Eva Alcón advierte sobre el impacto negativo de los altos precios de alquiler y la falta de residencias asequibles: “Tener beca no es suficiente para poder estudiar porque muchas veces, según en qué regiones quieran estudiar, ni con la beca pueden pagar la residencia y eso es un grave problema”.

La rectora de la Universitat Jaume I explica que desde la CRUE se mantienen conversaciones permanentes con ministerios como Vivienda y Universidades, buscando alternativas que respondan a la situación crítica del estudiantado. Según Alcón, la solución no pasa únicamente por construir más plazas, sino por garantizar que los precios sean accesibles: “No podemos crear residencias a precios prohibitivos, ese no es el objetivo. Esa es la condición que vamos a poner”.

Modelos de colaboración público-privada

Alcón detalla iniciativas en su propia universidad, donde se prepara un proyecto para construir una residencia mediante colaboración público-privada: “Se puede hacer con un terreno propio, alianzas con comunidades autónomas, ayuntamientos, fondos únicamente públicos, fondos únicamente privados”. La propuesta busca servir de modelo para otras universidades que enfrentan dificultades similares, promoviendo un acceso equitativo al alojamiento y fomentando la permanencia del estudiantado en sus estudios.

Rediseñar becas para igualdad real

Para la presidenta de CRUE, el sistema de becas necesita una revisión profunda. “A lo mejor nos tendríamos que empezar a plantear las becas salario de una manera mucho más generalizada”, afirma. Según su análisis, las becas salario permitirían a los estudiantes dedicarse exclusivamente al estudio sin la necesidad de trabajar, igualando las oportunidades con aquellos que cuentan con recursos familiares más altos.

Alcón subraya que muchas becas actuales, orientadas a matrículas gratuitas, podrían destinarse a quienes realmente lo necesitan: “Deberíamos darle una pensada al sistema de becas que tenemos”. La rectora alerta que este ajuste no solo beneficiaría a los estudiantes con menos recursos, sino que contribuiría a mejorar la eficiencia del sistema y a reducir desigualdades estructurales.

La prueba de acceso a la universidad y la desigualdad curricular

En relación con la posibilidad de establecer una Prueba de Acceso única para todo el Estado, Alcón destaca la necesidad de homogeneizar currículos educativos antes de implementarla: “Tendríamos que tener unos currículos exactamente iguales en todas las comunidades autónomas, cosa que ya no tenemos”.

Actualmente, la Selectividad funciona como un mecanismo de ordenamiento sobre un sistema educativo diverso: “No podemos decir que vamos a hacer prueba común para todo el sistema cuando los currículos, las características de cada comunidad autónoma, son diferentes”. Según la rectora, esta disparidad limita la efectividad de una prueba unificada y exige replantear la equidad educativa.

Estatuto del Becario: retos de implementación

Alcón califica como “un poco un sinsentido” desarrollar la Ley del estatuto de las personas en formación práctica sin consultar a universidades ni estudiantes. Aunque CRUE apoya la mejora de las condiciones del estudiantado, alerta sobre los costos asociados a transporte y manutención que deben asumir las administraciones públicas: “Si hay que dedicar una serie de recursos al desplazamiento del estudiantado, a la manutención durante el periodo de beca, eso se va a tener que contemplar y asumir”.

Garantizar calidad universitaria frente a nuevas aperturas

El real decreto que endurece los requisitos para nuevas universidades busca garantizar que cualquier institución que abra cumpla criterios de calidad. Alcón recalca la importancia de mantener el estándar del sistema: “No es cuestión de decir que una privada lo hace mejor que una pública, hay que garantizar que el sistema tenga garantías para seguir siendo de calidad”.

Este decreto, según la presidenta de CRUE, ofrece tiempo para adaptarse a los nuevos requerimientos, promoviendo la excelencia y evitando cierres inesperados: “Espero que esto sea un aliciente, una motivación, para hacerlo bien”.

Repercusiones sociales y educativas

El impacto del déficit de vivienda universitaria se refleja en la tasa de abandono, retrasos en los estudios y dificultades económicas que afectan directamente a la movilidad social. Alcón enfatiza que las medidas adoptadas hoy determinarán la capacidad de las universidades españolas para ofrecer educación de calidad y accesible en el futuro: “Este es un primer paso y seguiremos viendo cualquier iniciativa que vaya en beneficio de nuestro estudiantado, por ellos trabajamos”.

En conclusión, los rectores insisten en que abordar la crisis de vivienda y optimizar las becas no es una opción sino una obligación, con repercusiones directas en la equidad, la calidad educativa y la estabilidad del sistema universitario español.