La Justicia europea avala la multa a Intel pero la recorta 140 millones

El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este miércoles la multa de la Comisión Europea a la estadounidense Intel por abuso de su posición dominante, aunque reduce 140 millones el castigo, en un litigio que se prolonga desde 2009.

El Tribunal General ratifica la sentencia y establece una multa de 237,1 millones de euros, esto supone un recorte respecto a los 376,3 millones impuestos por Bruselas, al subrayar que esta cifra "refleja más adecuadamente la gravedad y la duración de la infracción controvertida".

El choque judicial entre Intel y la Comisión Europea se trata de un largo proceso en el que la Justicia europea llegó a anular la multa récord de 1.060 millones de euros que Bruselas aplicó en 2009 al fabricante estadounidense por tratar de expulsar a competidores como AMD del mercado de microprocesadores.

Fue en 2022 cuando el tribunal con sede en Luxemburgo reconoció parcialmente los recursos de Intel y decidió anular "en su totalidad" la multa comunitaria, al entender que resultaba complicado identificar el importe de la multa correspondiente únicamente a las "restricciones manifiestas".

Dicha sentencia señaló que el análisis de Bruselas fue incompleto y no permitió demostrar de modo jurídicamente suficiente que los descuentos condicionales concedidos por Intel podían o podrían producir efectos contrarios a la competencia.

NUEVA MULTA EN 2023
Tras el fallo de la Justicia europea, el Ejecutivo comunitario fijó en 2023 un nuevo importe de multa limitado a las prácticas no anuladas por el Tribunal General, esto es las denominadas "restricciones manifiestas" impuestas a HP, Acer y Lenovo en cuanto al uso de procesadores AMD.

La Comisión Europea estableció de este modo un nuevo importe por valor de 376,3 millones que la tecnológica estadounidense volvió a recurrir ante los tribunales europeos, pidiendo su anulación total o parcial y la supresión o la reducción de la multa.

Ahora el Tribunal General avala la decisión de la Comisión Europea al señalar que se enmarca en un contexto procedimental "perfectamente conocido por la empresa, y que dicha decisión explica con claridad el método de cálculo de la multa y las razones por las que se basa en las restricciones manifiestas".

Respecto a la cuantía de la multa, el Tribunal General considera que Bruselas aplicó correctamente los criterios de gravedad y de duración de la infracción, y aunque no cuestiona la legalidad de la multa de 2023 sí considera que "procede afinar" la apreciación del importe.

Pide así dar mayor peso, por una parte, al número relativamente limitado de ordenadores afectados por las citadas restricciones y, por otra parte, al intervalo de doce meses entre algunas de las prácticas contrarias a la competencia. Así las cosas establece un recorte de 140 millones a la cantidad impuesta por Bruselas.

La empresa norteamericana puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de la resolución.