ERC pide al Gobierno la prórroga de la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para gente vulnerable

Esquerra Republicana (ERC) ha exigido al Gobierno que prorrogue "de manera inmediata y sin interrupciones" todas las medidas que integran el escudo social, como la suspensión de desahucios y lanzamientos para personas vulnerables o la protección de los suministros básicos de electricidad, petróleo, gas y agua de hogares vulnerables.

La formación ha registrado iniciativas en Congreso y Senado para pedir estas medidas y se evite que el conjunto del escudo social decaiga el próximo 31 de diciembre de 2025, dado que esto podría dejar a miles de familias sin protección ante el encarecimiento del coste de la vida y el aumento sostenido del precio de la vivienda.

Podemos, Bildu y Sumar, socio minoritario del Gobierno, vienen presionando en las últimas semanas en el mismo sentido y especialmente con la moratoria de los desahucios y en la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses.

LA ECONOMÍA MACRO NO LLEGA A LOS HOGARES
El partido de Gabriel Rufián apunta que, pese a los buenos indicadores macroeconómicos, casi el 26% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Asimismo, alerta que la inflación acumulada en los últimos años ha erosionado el poder adquisitivo de la clase trabajadora y ha agravado las dificultades para llegar a fin de mes, especialmente en ámbitos esenciales como la vivienda, la energía, la alimentación y la movilidad.

"Ante este escenario, el escudo social se ha convertido en un mecanismo relevante de protección frente a situaciones de pobreza extrema, aunque no es suficiente", subraya ERC, que al mismo tiempo pide "blindar" estas medidas e incorporarlas de manera estructural en el ordenamiento jurídico para que no se prorroguen de manera sucesiva mediante reales decretos.

Además de la prohibición de desahucios y cortes de suministros, Esquerra también exige al Ejecutivo la limitación de la actualización de los alquileres, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento y la transferencia del ingreso mínimo vital.

Finalmente, los republicanos catalanes reclaman una dotación presupuestaria suficiente y estable que permita a Cataluña desplegar estas políticas con garantías. ERC defiende que el acceso a la vivienda, a los suministros básicos y a unos ingresos mínimos no puede depender de medidas excepcionales, sino que deben ser reconocidos como derechos sociales fundamentales que el Estado debe garantizar de manera permanente para preservar la cohesión social.