CEOE pide que el próximo Marco Financiero Plurianual evite una subida de la presión fiscal para las empresas

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha demandado que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) evite una subida de la presión fiscal para las empresas, según ha indicado en un comunicado este miércoles.

En concreto, la Junta Directiva de la entidad ha aprobado el documento 'Un presupuesto estratégico para reforzar la UE' que recoge el posicionamiento de las empresas españolas sobre el contenido y la estructura del MFP 202 -2034.

En este sentido, la CEOE ha detallado que el objetivo es contribuir al debate en favor de una Unión Europea (UE) "más competitiva, más cohesionada y más resiliente, así como defender el papel que el tejido empresarial español debe desempeñar en este proceso".

GARANTIZAR ESTABILIDAD Y CONFIANZA PARA LAS INVERSIONES
Así, dicho documento reitera la importancia de contar con un MFP sólido y ambicioso que responda a los crecientes retos y necesidades para garantizar estabilidad y confianza para las inversiones, permitir planificar con visión, innovar y contribuir al crecimiento sostenible del continente.

A este respecto, la organización liderada por Antonio Garamendi ha alentado a que el futuro presupuesto sea "más eficiente" y apueste por canalizar las inversiones hacia aquellos ámbitos de mayor impacto y efecto tractor, con las empresas como piedra angular.

Cabe recordar que la propuesta de la Comisión Europea para el próximo MFP se presenta en un contexto de profundas tensiones geopolíticas, económicas y presupuestarias, con retos acuciantes como la brecha de competitividad de las empresas europeas, la fragmentación del mercado único o los riesgos a la cohesión territorial.

VALORA POSITIVAMENTE LA CREACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE COMPETITIVIDAD
En este sentido, el documento destaca como elementos positivos de la propuesta inicial de la Comisión la creación del Fondo Europeo de Competitividad; la simplificación del marco normativo, la apuesta por la agilización de procedimientos y la reducción del número de programas; el reconocimiento de la relevancia de la seguridad y la defensa; y el refuerzo de la gobernanza mediante órganos de participación de 'stakeholders' industriales.

No obstante, preocupa la falta de claridad en el diseño de la nueva estructura; los recortes a partidas tradicionales que son pilar de la cohesión entre los países de la UE (como las políticas agrícola y pesquera comunes); la creación de planes nacionales que ponen en riesgo el sistema de gobernanza actual; y la inclusión de nuevos recursos propios que incrementan la presión fiscal sobre las empresas, a lo que CEOE se opone firmemente.

Sin embargo, la asociación ha valorado positivamente la creación del Fondo Europeo de Competitividad (EFC, por sus siglas en inglés) como instrumento clave para reducir las carencias de la UE en innovación y capacidad industrial, y que ha de cubrir íntegramente el ciclo de inversión. Para garantizar su eficacia, el diseño del ECF debe priorizar la calidad sobre la absorción y asegurar la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

GOBERNANZA CLARA CON IMPLICACIÓN DE LA INDUSTRIA
Asimismo, será necesario establecer una gobernanza clara y estable con implicación significativa de la industria. Respecto a la política de Cohesión, como elemento troncal para el equilibrio territorial, la CEOE subraya que esta debe contar con recursos suficientes y estables para afrontar la doble transición, la resiliencia económica y los riesgos a la convergencia.

En este sentido, la entidad ha rechazado cualquier intento de recentralización en la gestión de los fondos de cohesión y considera que la introducción de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación no reflejaría las necesidades regionales y pondría en riesgo la gestión compartida.

A este respecto, han insistido en que las regiones son actores fundamentales para la competitividad territorial, estando además mejor situadas para apoyar al tejido empresarial y adaptar las inversiones a las necesidades locales.

Por último, también preocupa a la organización la reducción del volumen dedicado a pilares tradicionales como la PAC o la política pesquera común, con recortes del 22% y 67% respectivamente, a pesar de su importancia para la economía española y la industria agroalimentaria que sustentan la cadena de valor y la cohesión territorial, contradiciendo el objetivo de asegurar la soberanía alimentaria de la UE.