La AEFI muestra su preocupación por los 'topes' propuestos en la nueva ley de créditos al consumo

La fase de audiencia pública del anteproyecto de la nueva ley finaliza el próximo viernes, 30 de enero

La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) ha manifestado su preocupación por el establecimiento de determinados 'topes' a los costes de los créditos al consumo, ya que "podrían resultar incompatibles con muchos modelos de negocios", señala en un comunicado en referencia al anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno y que actualmente está en fase de audiencia.

En líneas generales, la AEFI considera que el anteproyecto propuesto po el Gobierno incluye determinados elementos que podrían generar efectos "no deseados", tanto para las entidades que operan "de forma responsable" en el ámbito del crédito al consumo como para los propios usuarios de estos productos.

Uno de ellos serían estos límites a los costes de los préstamos. La organización advierte de que la estructura de costes "ajustada" y márgenes "reducidos" de algunas entidades que participan en este mercado responden a una realidad operativa concreta y, por tanto, considera que cualquier limitación debería abordarse desde un análisis "riguroso" que tenga en cuenta "tanto la sostenibilidad de los modelos como su impacto real sobre los consumidores".

Además, la asociación defiende que el crédito al consumo es una fuente de financiación alternativa "relevante" para los particulares y, por ello, cree que debe configurarse "bajo un marco legal" que aporte seguridad y transparencia al cliente, con el objetivo de proteger sus intereses y derechos como consumidor.

Ahonda en estas cuestiones afirmando que los micropréstamos cumplen una "función social significativa" al facilitar el acceso a financiación a personas que, en muchos casos, no disponen de otras alternativas.

"Se trata de productos habitualmente destinados a cubrir gastos cotidianos, imprevistos o inversiones en formación y estudios, cuya eliminación o restricción excesiva podría derivar en situaciones de exclusión financiera", defiende en el comunicado.

La AEFI también advierte de que la introducción de criterios vinculados a determinados niveles de ingresos, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), podría excluir a perfiles vulnerables que actualmente acceden "de forma responsable" a este tipo de financiación, "incrementando el riesgo de exclusión financiera en un segmento que desempeña una función social relevante".

La asociación propone, por tanto, la creación de una regulación "sólida y equilibrada" que refuerce la protección al consumidor, persiga las malas prácticas pero que, al mismo tiempo, reconozca el papel de aquellas entidades que contribuyen "a una financiación más inclusiva, segura y responsable".

Por ello, pide abrir un espacio de diálogo y colaboración público-privada que permita revisar el anteproyecto y avanzar hacia un marco normativo adecuado a la realidad del sector.

Además, propone fomentar modelos de contratación "rápidos y ágiles" que permitan disponer de financiación en plazos reducidos, aunque "siempre con plenas garantías para el consumidor".

Por último, y entre otras medidas, ha planteado la creación de un registro en el Banco de España de las entidades de crédito online actualmente no supervisadas y la puesta en marcha de un boletín estadístico con información sobre los tipos medios aplicados en el sector del crédito online.

TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO
El pasado 7 de enero, el Consejo de Ministros inició la tramitación del anteproyecto de ley, por vía de urgencia, para transponer la nueva directiva europea de créditos al consumo e introducir ciertos límites a la actividad, incluyendo 'topes' a los costes de estos créditos a través de dos regímenes, uno general para todos los préstamos y otro específico para los 'microcréditos'.

El próximo viernes, 30 de enero, finalizará la fase de audiencia pública que permite a los agentes interesados presentar alegaciones a la regulación propuesta. El Gobierno, con estas alegaciones, podrá modificar o mantener el anteproyecto. Una vez resuelta esta parte, el siguiente paso será el inicio de la tramitación parlamentaria con la remisión del texto al Congreso.