La Eurocámara deja abierta una petición de organizaciones agrarias de Castilla y León contra recortes en PAC

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta una petición presentada por varias organizaciones agrarias de Castilla y León (Asaja, COAG, UPA y UCCL) que reclaman que la próxima Política Agraria Común (PAC) no incluya recortes y garantice apoyo suficiente para agricultores y ganaderos, especialmente en regiones rurales dependientes del sector.

Así ha decidido la Eurocámara, con el respaldo de todos los grupos políticos, tras un debate en el que los peticionarios han alertado de que una reducción de fondos pondría en riesgo la viabilidad del modelo agrario profesional en una región "eminentemente agrícola" como Castilla y León.

Ahora, según ha señalado la Presidencia de la comisión parlamentaria, corresponde a la Comisión Europea remitir una respuesta por escrito sobre las cuestiones planteadas en la petición, antes de que el Parlamento decida los próximos pasos en el seguimiento del expediente.

En el curso de la discusión, los representantes de las organizaciones agrarias han defendido que el sector necesita una PAC estable y suficientemente dotada para sostener el empleo rural, garantizar el relevo generacional y asegurar la producción alimentaria, además del mantenimiento del territorio y del medio rural.

En su intervención, han rechazado con rotundidad la posibilidad de un recorte del 22 % de los fondos destinados al campo y se han mostrado en contra de cualquier reforma que debilite el desarrollo rural, clave --según señalan-- para la incorporación de jóvenes, el apoyo a los sectores más vulnerables y las inversiones en infraestructuras como el regadío.

También han alertado del aumento de los costes de producción, las amenazas sanitarias en el sector ganadero y la presión de factores externos como los aranceles de Estados Unidos o el acuerdo con Mercosur. Por ello, han reclamado reforzar el principio de reciprocidad y las "cláusulas espejo" en los acuerdos comerciales para exigir a las importaciones las mismas condiciones que se imponen a los productores europeos.

"Más que nunca, ante esta situación necesitamos una PAC fuerte. Se está poniendo en riesgo el modelo profesional de la agricultura, la producción de calidad y, sobre todo, el relevo generacional en un sector envejecido", ha advertido el portavoz de las organizaciones agrarias.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN
Por su parte, la Comisión Europea ha defendido que su propuesta del próximo presupuesto a largo plazo, presentada el pasado mes de julio, busca mantener una PAC sólida y adaptada a los retos geopolíticos y climáticos, negando que pueda hablarse de recortes en los términos planteados por los peticionarios.

El Ejecutivo comunitario ha sostenido que el nuevo marco prevé un mínimo de recursos destinados al apoyo de la renta agraria, asegurando que los instrumentos actuales --pagos directos, apoyo a jóvenes, inversiones o medidas agroambientales-- seguirán existiendo. También ha destacado el refuerzo de los mecanismos de gestión de crisis y los planes para simplificar la carga administrativa para agricultores y administraciones.

Asimismo, la Comisión ha reconocido la importancia de avanzar en la reciprocidad comercial y mejorar los controles sobre productos importados, recordando que la propuesta se encuentra todavía en fase de negociación y que corresponderá a Parlamento y Consejo introducir ajustes en el proceso legislativo.

APOYO UNÁNIME DE LA EUROCÁMARA
Por parte del Partido Popular, la eurodiputada Carmen Crespo ha apoyado las demandas de los peticionarios y ha defendido que la futura política agraria debe mantener los dos pilares, reforzar los controles en frontera y garantizar que determinados fondos destinados al sector sean de carácter obligatorio.

Desde Socialistas y Demócratas (S&D), el eurodiputado Nils Usakovs, ha subrayado que la negociación se encuentra todavía en una fase inicial y que "no hay cifras grabadas en piedra", aunque ha admitido que el punto de partida resulta "preocupante" si se confirma una reducción significativa de recursos, por su posible impacto en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

A las voces de alerta se ha sumado también la eurodiputada de Vox Mireia Borrás, que ha vinculado la discusión con el encarecimiento de la cesta de la compra y la soberanía alimentaria, cargando contra los recortes y la competencia exterior, y la eurodiputada del BNG en el grupo de los Verdes, Ana Miranda, que ha apoyado también la petición y ha rechazado los recortes, reclamando salvaguardas más ambiciosas para proteger al campo.