La patronal de la limpieza cifra en 80 millones el coste de subir el SMI y no actualizar contratos públicos

El sector de la limpieza sufre un desajuste entre la subida de los salarios y el precio de los contratos públicos que supone una carga anual de 80 millones de euros, según ha indicado este martes la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) en un comunicado.

"La firma del acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno de España para subir el salario mínimo un 3,1% tiene que ir acompañada de la revisión de los contratos públicos. De lo contrario, las cuentas simplemente no salen", ha declarado el presidente de la patronal de limpieza, Juan Ignacio Beltrán, tras oficializarse la subida.

Este sector es "uno de los pilares" de la estructura empresarial española y uno de los "más intensivos" en mano de obra del país, cerca del 85% de sus costes corresponden a salarios, según ha informado la asociación.

Sin embargo, a raíz de la ley de desindexación de 2015, los precios de los contratos públicos dejaron de actualizarse automáticamente conforme al IPC o a la evolución de los costes salariales. Precisamente en ese año la facturación total del sector se situaba en 9.600 millones de euros.

Desde 2015 y antes de esta nueva subida, los salarios han aumentado una media del 1,7% anual, lo que supone un sobrecoste acumulado de 80 millones de euros al año y 800 millones en la última década sin que exista un mecanismo automático de revisión de precios.

La asociación ha afirmado que la nueva subida salarial acordada entre el Gobierno y los sindicatos, que eleva el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros brutos mensuales, "incrementará aún más ese desfase estructural".

Otra amenaza especialmente en sectores como este sería la imposibilidad de compensar y absorber los complementos salariales, según la patronal. Una medida que "haría inviable" la negociación colectiva, ya que supondría una subida real de más de dos dígitos en una actividad donde el peso de los salarios supera el 85% del total del coste.

Desde Aspel, han insistido en que cualquier decisión en materia salarial que afecte de forma directa a sectores intensivos en mano de obra debe ir acompañada de mecanismos que garanticen la sostenibilidad económica de los contratos públicos.