Unión de Uniones insta al Gobierno a defender al sector ante la crisis vitivinícola como hace Francia

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a gestionar una estrategia clara de apoyo al sector vitivinícola español, al tiempo que ha criticado la falta de medidas frente a la respuesta adoptada por Francia para hacer frente a la crisis del mercado.

La organización ha señalado que la Comisión Europea ha aprobado, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2026/744 publicado el pasado 31 de marzo en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), una ayuda de 40 millones de euros para el sector vitivinícola francés destinada a financiar una medida excepcional de destilación de crisis durante la campaña 2025/2026.

Según Unión de Uniones, esta cantidad representa el 8,88% del total de la reserva de crisis comunitaria, que asciende a 450 millones de euros, y se suma a otras actuaciones impulsadas por Francia, como un programa de arranque de viñedo que prevé eliminar cerca de 28.000 hectáreas antes de finales de 2026, con ayudas estatales estimadas en 130 millones de euros.

También ha recordado que en 2025 Francia ya destinó 120 millones de euros para compensar el arranque de más de 27.400 hectáreas de viñedo, lo que evidencia, a su juicio, una estrategia definida para ajustar la oferta y sostener el mercado.

Frente a ello, Unión de Uniones ha lamentado que en España "no se han puesto sobre la mesa medidas concretas" ni por parte de los consejos reguladores, ni de las comunidades autónomas, ni del propio Ministerio, lo que considera un reflejo de "desinterés" hacia un sector estratégico.

En este contexto, la organización ha advertido de que la caída del consumo y la situación del mercado están repercutiendo directamente en los viticultores, a través de una menor compra de uva o de una bajada de precios, lo que compromete la rentabilidad de las explotaciones.

Por ello, ha reclamado la adopción de medidas adicionales a las ya existentes, como la vendimia en verde (aplicada únicamente en seis comunidades autónomas), y ha advertido a las administraciones para que actúen y garanticen la viabilidad y mejora del sector.