S&P avisa de mayor presión sobre CCAA y ve positivas las reformas de financiación para su calidad crediticia

"La sostenibilidad presupuestaria dependerá cada vez más de que los gobiernos regionales mantengan la disciplina fiscal", asegura

Las comunidades autónomas españolas se enfrentarán en los próximos dos años (2026 y 2027) a presiones de gasto debido al aumento de los salarios, la posible mayor inflación, los graves costes derivados de las inundaciones, las tendencias demográficas y la necesidad de utilizar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de la fecha límite de agosto de 2026.

S&P Global Ratings ha lanzado esta advertencia en un informe publicado este martes, pese a reconocer el buen desempeño presupuestario de las regiones españolas en el año 2025.

De hecho, la agencia de calificación crediticia ha destacado que los resultados presupuestarios de las comunidades autónomas españolas en 2025 superaron sus propias expectativas, gracias al elevado crecimiento de los ingresos derivado del sólido rendimiento económico del país y a una moderación en el crecimiento del gasto.

No obstante, de cara a 2026 y 2027, S&P prevé que las comunidades autónomas españolas se enfrentarán a crecientes presiones de gasto, lo que podría lastrar los resultados presupuestarios. "El crecimiento de los ingresos debería mitigar algunas presiones sobre el gasto en 2026, pero la sostenibilidad presupuestaria dependerá cada vez más de que los gobiernos regionales mantengan la disciplina fiscal", ha insistido la agencia en su informe.

En concreto, desde S&P han advertido de que mantener el buen comportamiento presupuestario exigirá disciplina y un mayor control del gasto en los departamentos que prestan servicios como la sanidad y la educación.

LAS REFORMAS EN FINANCIACIÓN, POSITIVAS PARA LA CALIDAD CREDITICIA
En este sentido, S&P considera que las reformas propuestas por el Gobierno central en materia de financiación autonómica y de absorción de deuda --que no han salido adelante por el "estancamiento político"-- podrían mejorar la situación de las comunidades autónomas.

La agencia ha señalado que la aprobación de estas medidas sería positiva para la calidad crediticia de las comunidades autónomas y podrían reducir las disparidades en la distribución de la financiación y en los resultados entre las regiones.

No obstante, se advierte de que estas reformas carecen de condiciones que las comunidades autónomas deban cumplir, lo que aumenta el riesgo de que, sin un control más estricto de las normas fiscales y la gestión financiera, puedan resurgir los desequilibrios del pasado.

Además, S&P ha alertado de que estas propuestas se enfrentan a una oposición generalizada por parte de los gobiernos autonómicos, debido a desacuerdos sobre los criterios y fórmulas utilizados para asignar los recursos y absorber la deuda.

"Dada la fragmentación del Parlamento español, la probabilidad de que estas reformas se aprueben sigue siendo incierta", ha señalado la agencia.