Empleados públicos en abuso de temporalidad se concentran ante el Congreso para pedir su fijeza

Cientos de empleados públicos en situación de abuso de temporalidad se han concentrado este miércoles frente al Congreso de los Diputados para reclamar que les hagan fijos "como única reparación válida a décadas de contratación temporal abusiva".

Convocados por la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y las Plataformas de Afectados por la Función Pública (PAFP) de Madrid y Murcia, la protesta ha coincidido con la celebración del Pleno del Congreso, y a ella se han acercado, como muestra de apoyo, el diputado por Sevilla de Sumar, Francisco Sierra; el coordinador de Izquierda Unida en el Congreso, Juan Moreno; y las diputadas de Podemos Ione Belarra, también secretaria general de la formación, y Noemí Santana.

La concentración ha tenido lugar nueve días después de conocerse una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara que ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora por España constituye una sanción adecuada ni disuasoria contra la temporalidad abusiva en la Administración.

"Ni el indefinido no fijo, ni las indemnizaciones tasadas, ni los procesos de estabilización abiertos sirven. El Tribunal establece que España está obligada a compensar íntegramente el perjuicio causado", defienden los convocantes de la protesta.

Ansiti y PAFP denuncian que las Administraciones Públicas han sostenido durante décadas sus estructuras con personal temporal (funcionarios interinos, personal laboral temporal y estatutario) para cubrir necesidades que son, en la práctica, permanentes y estructurales "y lo han hecho sin transponer la directiva europea que prohíbe expresamente esa práctica".

Según datos ofrecidos por los convocantes procedentes de estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda, el colectivo afectado por esta situación de abuso de temporalidad asciende a 979.409 personas, el 60% mujeres. De quienes ya han sido cesados, el 70% no percibió indemnización alguna.

"Las Administraciones nos han considerado durante todo este tiempo meras plazas, meros números sin rostro ni familia. Pero somos personas. Más del 70% son mujeres mayores de 50 años con riesgo real de exclusión social", alegan estas organizaciones.

Exponen, además, que las afectadas son trabajadoras que accedieron a la Función Pública por los procedimientos reglados diseñados por el Estado, cumpliendo con los principios de mérito y capacidad.

"El fraude no es de quien trabajó, es del empleador que utilizó la contratación temporal para evitar crear las plazas indefinidas que le correspondía crear. Esta concentración no es una protesta más. Es la respuesta de miles de trabajadores a los que el Estado ha utilizado durante décadas y ahora pretende echar a la calle como si nada. La sentencia lo ha dejado claro: ya no hay excusas ni salidas. Exigimos lo que nos corresponde: la fijeza", ha recalcado Lorenzo Campillo, afectado y presidente de Ansiti.

Según los convocantes, los procesos de estabilización acordados entre Gobierno y sindicatos no sólo no han solucionado el problema de la temporalidad, sino que han agravado la situación, incrementando la tasa de temporalidad hasta situarla actualmente entre el 31% y el 34%.

Además, alertan de que más de 150.000 trabajadores en fraude de ley han sido expulsados sin indemnización tras décadas de servicio, lo que califican "como uno de los mayores abusos laborales en la Administración pública española".

En este contexto, sostienen que la mayor oferta de empleo público de la historia para alcanzar el umbral de temporalidad del 8% exigido por Europa no constituye una solución real, "sino un cese masivo encubierto".

"Al tratarse de convocatorias abiertas, quienes llevan años en situación de abuso compiten en desigualdad con aspirantes sin vinculación previa. El TJUE ya advirtió en la sentencia que este tipo de procesos no son una medida adecuada para sancionar el abuso", sostienen los convocantes.

"Llevamos años viendo cómo se aprueban leyes que no resuelven nada. La llamada estabilización ha sido, en realidad, una desestabilización: tres años después, la temporalidad no se ha reducido, sino que ha aumentado. Más de 150.000 trabajadores han sido expulsados a coste cero tras décadas de servicio", ha denunciado Ignacio Marcos Sánchez, portavoz y coordinador de PAFP Madrid.

"Estamos aquí, respaldados por las sentencias del TJUE, para exigir justicia, legalidad y reparación. No pedimos privilegios: exigimos el cumplimiento del Derecho europeo y el fin de este abuso estructural", ha añadido.

Las organizaciones convocantes exigen una reparación íntegra del daño causado, articulada en cinco medidas concretas: una normativa específica que establezca la fijeza de forma automática sin necesidad de litigio individual; la readmisión inmediata de quienes fueron cesados estando en situación de abuso de temporalidad; indemnizaciones reales y disuasorias, proporcionales al tiempo de abuso, sin topes simbólicos; transparencia absoluta en la identificación de los trabajadores abusados y criterios claros para ello, y responsabilidad efectiva y disuasoria para las administraciones que dilaten o incumplan las medidas que sancionen definitivamente el abuso.