La Eurocámara pide activar antes medidas para frenar el precio del CO2 en transporte y edificios

El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles a la Comisión Europea una respuesta más rápida ante subidas del precio del CO2 en el nuevo mercado de emisiones para el transporte por carretera y los edificios (ETS2, por sus siglas en inglés), con el objetivo de limitar su impacto en los hogares.

Este sistema, que forma parte de la reforma del mercado de carbono de la UE y entrará en funcionamiento en 2028, cubrirá las emisiones derivadas del uso de combustibles en estos ámbitos, así como en otros como la pequeña industria, y se aplicará a los proveedores de energía, que deberán adquirir derechos de emisión en función del CO2 generado.

El pleno ha fijado su posición con 433 votos a favor, 120 en contra y 91 abstenciones sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario para modificar la reserva de estabilidad del mercado, el mecanismo que ajusta el número de derechos en circulación para influir en el precio del carbono, lo que permite a la Eurocámara abrir ahora negociaciones con los Estados miembro para cerrar la reforma.

En este sentido, los eurodiputados respaldan en líneas generales el planteamiento de Bruselas, pero reclaman una reacción más ágil ante repuntes del coste del carbono y proponen que la liberación de derechos en el mercado se active tras un mes, en lugar de los dos previstos inicialmente.

Asimismo, defienden prolongar más allá de 2029 el tope de 45 euros por tonelada de CO2 y actualizarlo a precios de 2026, además de introducir un sistema progresivo para retirar los derechos no utilizados a partir de 2034, frente a la cancelación automática planteada por la Comisión.

El Parlamento advierte, no obstante, de que esta revisión no será suficiente por sí sola para mitigar el impacto del ETS2 y subraya la necesidad de medidas complementarias para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

En este contexto, los eurodiputados plantean estudiar la posibilidad de que los Estados miembro excluyan temporalmente a los edificios residenciales del sistema si cuentan con otras medidas para cumplir los objetivos climáticos, con el fin de proteger a los ciudadanos de los efectos sociales más severos.

Asimismo, piden a la Comisión que realice una evaluación completa del impacto del nuevo sistema tanto en los objetivos climáticos como en su dimensión social.