La Plataforma contra la Morosidad pide corregir la legislación sobre plazos de pago en el sector minorista

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha reclamado al Gobierno de España que corrija con urgencia las deficiencias de la legislación nacional sobre plazos de pago en el sector minorista.

La reclamación de la Plataforma se produce después de que la Comisión Europea haya abierto un nuevo procedimiento de infracción contra España por no ajustar su normativa a las normas comunes sobre morosidad y a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la puntualidad de los pagos.

Para la PMcM, el expediente de Bruselas confirma una reclamación histórica de la entidad: adaptar de forma expresa la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN) a la Ley de Morosidad para acabar con cualquier interpretación que permita pactar aplazamientos de pago superiores al máximo legal.

La PMcM considera que el Gobierno debe aprovechar este requerimiento europeo para cerrar una "anomalía normativa" que durante años ha generado "inseguridad jurídica y ha permitido prácticas incompatibles con una cultura empresarial justa, competitiva y respetuosa con pymes y autónomos".

"El anuncio de la Comisión Europea nos da la razón en una cuestión que venimos denunciando desde hace años: no puede existir ninguna vía legal, contractual o financiera que permita superar el plazo máximo de pago establecido por la Ley de Morosidad", ha afirmado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

La Plataforma ha recordado a través de un comunicado que la ley establece un plazo máximo imperativo de 60 días naturales en las operaciones comerciales, sin posibilidad de pacto en contrario.

Sin embargo, el artículo 17 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN) mantiene referencias a aplazamientos superiores a 60, 90 o incluso 120 días bajo determinadas condiciones instrumentales, como documentos con acción cambiaria, endoso, aval o seguro.

A juicio de la Plataforma, esta redacción debe corregirse de forma expresa para evitar que pueda utilizarse como cobertura de plazos abusivos.