Fabricantes de mezclas asfálticas piden medidas por el encarecimiento de betunes, combustibles y energía
La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) ha reclamado a las administraciones públicas la aplicación de medidas "ágiles y homogéneas" para afrontar el escenario "crítico" derivado del fuerte encarecimiento de los betunes, los combustibles y la energía, factores que están comprometiendo "de forma directa" la viabilidad de los contratos de conservación de carreteras y las actuaciones de emergencia.
Desde la patronal, han alertado de que el precio medio de los asfaltos ha registrado un repunte "extraordinario" con subidas del 8,2% en marzo y del 49,3% en abril de 2026.
Según han explicado, estos incrementos anticipan un escenario "especialmente delicado" a partir de mayo si no se logran estabilizar los mercados energéticos y logísticos.
Esta evolución responde, según Asefma, a una "alteración internacional de gran alcance" en los flujos físicos de crudo, motivada por la tensión geopolítica en el entorno del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.
Esta inestabilidad, ha indicado, está modificando las rutas de suministro y provocando una "competencia creciente" por el acceso a los barriles disponibles.
En este sentido, determinados crudos de África Occidental se están ofreciendo con primas "extraordinarias" de entre 20 y 30 dólares por barril sobre el brent. A este sobrecoste se suma el transporte marítimo, que añade entre 10 y 15 dólares por barril al precio final que llega a las refinerías europeas.
Así, Asefma ha subrayado que esta escalada de precios afecta al "equilibrio económico global" de las actuaciones de conservación viaria, especialmente en intervenciones que requieren una respuesta "inmediata".
La organización ha destacado, además, que estas obras presentan una "elevada intensidad energética" tanto en su proceso de fabricación como en su ejecución final. Por ello, desde Asefma han urgido a articular mecanismos que permitan reconocer el impacto real de estos costes de forma ágil y con "seguridad jurídica".
El objetivo, según han explicado, es evitar que la respuesta administrativa llegue de forma "fragmentaria o tardía", poniendo en riesgo la continuidad del servicio.
Finalmente, la asociación ha defendido que garantizar la viabilidad de estos contratos no es una ventaja sectorial, sino una condición "imprescindible" para la seguridad vial. Han advertido, también, de que la situación actual intensifica el riesgo de sostenibilidad económica de las actuaciones hasta niveles "excepcionalmente elevados".

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