Función Pública sostiene que la sentencia del Supremo "ratifica su doctrina" sobre empleados temporales

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha señalado que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que dicta que solo pueden ser trabajadores fijos en las administraciones públicas los interinos que hayan aprobado una oposición ratifica la doctrina ya consolidada y que está aplicando el Gobierno.

En dicha sentencia, el Alto Tribunal argumenta que la contratación temporal de personal laboral por parte de las administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad "porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos".

Desde Función Pública, recalcan que los principios de igualdad, mérito y capacidad "son pilares constitucionales que garantizan el acceso al empleo público" en España basándose en la competencia profesional y que esta sentencia "no supone ninguna innovación" tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que no obliga a España a hacer fijos a los trabajadores con contrato temporal.

Desde el Ministerio, también aclaran que el exceso de trabajadores temporales afecta en especial a las comunidades autónomas, que presentan una tasa del 40% de empleados eventuales, mientras que en la Administración General del Estado solo representan el 4,7%, cumpliendo con los requisitos de temporalidad. En este sentido, el Ministerio ha constituido un grupo de trabajo con las CCAA para trabajar en este problema.

De esta forma, el Gobierno defiende que España ha cumplido el objetivo comprometido con la Comisión Europea de cubrir al menos con trabajadores fijos 300.000 plazas en los tres niveles de la Administración que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales. Con datos actuales, las plazas estabilizadas ascienden a 419.756.

Asimismo, recuerda que, en 2021, el Gobierno aprobó una ley para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas, validada por la Comisión Europea, que ha reducido la tasa de temporalidad en seis puntos, hasta el 32,7%, y que ahora se ha propuesto incluir medidas adicionales en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal y en la Ley de Función Pública de la Administración del Estado que seguirán respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.