Comité Tubos Reunidos dice que instituciones públicas no han fiscalizado el dinero público dado a la empresa

Representantes de ELA, LAB y ESK comparecen en el Parlamento Vasco para exigir su viabilidad industrial y su sostenibilidad financiera

Representantes de la mayoría sindical del comité de empresa de Tubos Reunidos han asegurado en el Parlamento Vasco que el papel de las instituciones públicas ha sido hasta ahora "insuficiente" al exigir transparencia a la dirección, la fiscalización del dinero público inyectado o impulsar soluciones acordes a la gravedad de la situación actual, que exige "decisiones responsables" y un cambio de enfoque porque el ERE presentado como "imprescindible, no ha solucionado nada".

La comparecencia de estos representantes del comité de empresa ha tenido lugar este martes, a petición de la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco, para que trasladaran "una valoración directa y la preocupación existente en torno al proceso de despido colectivo y expusieran la necesidad de abrir un debate real sobre el futuro industrial de la empresa".

Tanto en un primer turno como en respuesta a los representantes políticos, desde el comité han insistido en que "el problema de fondo ha sido y sigue siendo financiero, agravado por decisiones de gestión y dirección" y por un diagnóstico "erróneo" no derivado "ni de las condiciones de la plantilla ni de la huelga convocada", como se ha lanzado "interesadamente" desde la dirección para avivar la confrontación entre los propios trabajadores.

Tras incidir en que el problema era la "abultada deuda" originada en 2008 cuando se pidió un crédito de 170 millones que se repartió entre los accionistas para pasar directamente a deuda, han acusado a la dirección de no haber garantizado la viabilidad del proyecto industrial.

A su juicio, todo el proceso que ha desembocado en el concurso de acreedores se ha desarrollado con una "evidente falta de transparencia", sin "un espacio real de negociación y sin la participación efectiva de la representación de la plantilla, mediante decisiones planteadas desde la imposición, sin compartir información clave ni permitir un contraste real de alternativas".

En este punto, han recordado que el ERE que se presentó como "imprescindible, no ha solucionado nada, precisamente porque no abordaba el problema real de la empresa y que su suspensión, junto con la solicitud de concurso a acreedores, pone de manifiesto que las medidas planteadas estaban mal orientadas desde el origen".

Pese a ello, y tras subrayar en repetidas ocasiones que desde el comité tienen "la mano tendida", han asegurado que el proceso concursal "no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación pero, al mismo tiempo, abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas".

Tras afirmar que la suspensión del ERE y la paralización del despido colectivo marcan en su opinión "un punto de inflexión que permite reorientar el debate hacia donde siempre debió estar", han trasladado que, "a partir de aquí, el foco debe situarse en el verdadero núcleo del problema: la viabilidad industrial del proyecto y su sostenibilidad financiera".

Por ello, han asegurado que la suspensión de la huelga indefinida busca "hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística".

PAPEL INSTITUCIONES
En este punto, se han dirigido de manera directa a las instituciones públicas porque su papel hasta ahora ha sido "insuficiente en términos de exigencia, transparencia e impulso de soluciones acordes a la gravedad de la situación". "La situación actual exige decisiones responsables, transparencia y un cambio claro de enfoque", han enfatizado.

En ese sentido, han recordado que han mantenido reuniones con distintas consejerías y que en todas les han transmitido que se va a intentar hablar con la SEPI para refinanciar la deuda pero que, "luego nos damos cuenta de que todo el mundo habla de Tubos Reunidos, pero nadie habla con Tubos Reunidos", han lamentado.

Según han revelado, la empresa no se reúne con el comité desde el 13 de marzo, que no ha querido hablar con ellos "para nada", cuando "los conflictos se solucionan hablando, pero ellos no tienen ninguna intención de hacerlo".

Respecto a la quita de la deuda con la SEPI, desde el comité han opinado que no ha habido una supervisión de en qué se gastaba el dinero público inyectado, ya que, tal y como han revelado, "se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando".

En cuanto a la fiscalización de SEPI, han trasladado que, a ellos, como comité, en todas las reuniones con dirección les decían que la SEPI estaba al corriente de todo lo que hacía la dirección, pero se han preguntado finalmente si SEPI era consciente de que se estaba pagando deuda privada y no deuda pública y "por qué lo ha asumido".

SOLIDARIDAD DE GRUPOS POLÍTICOS
Por su parte, todos los grupos parlamentarios han trasladado su solidaridad con la situación de la plantilla, mensaje en el que han ido más allá Jon Hernández, de Sumar, y Ander Goikoetxea, de EH Bildu, quienes han puesto el foco en la responsabilidad de los propietarios de la empresa y de los gestores de la dirección.

Mientras Hernández ha lamentado que no ha habido por parte de la empresa ningún plan de viabilidad, sino simplemente intención de trasladar las pérdidas recientes de los últimos años a la plantilla a través de despidos, Goikoetxea ha calificado la movilización de la plantilla como de "una lucha ejemplar" que "ha dejado en evidencia que "el problema nunca estuvo en la plantilla y que la solución nunca pasó por el cierre de la acería ni por los despidos".

Por su parte, Jorge Juez, de PSE-EE, ha defendido el papel de los socialistas ya que, en sus cometidos de gobierno, tanto vasco como español, han demostrado que "siempre están del lado de la industria, el empleo y de los trabajadores", por lo que ha pedido actuar con responsabilidad y rigor.

En ese sentido, ha abogado por poner alternativas sobre la mesa, trabajar con seriedad para explorar vías de refinanciación, buscar nuevos socios industriales y asegurar que todo el proceso se haga con todas las garantías legales.

En su intervención, Markel Olano, por el PNV, ha reconocido que la situación es "grave y muy dura" y que aunque también expresan su solidaridad desde su formación, "la solidaridad no es suficiente, porque hacen falta acciones y soluciones reales, no palabras bonitas".

A su juicio, "echar culpas y responsabilidades a los demás tiene un recorrido muy corto porque no da solución a los problemas de base" y que, para su partido, la prioridad principal es que en esta nueva fase del concurso de acreedores hay que "garantizar la viabilidad del proyecto.

Por último, Álvaro Gochi, por el PP, ha dicho tener la sensación, en materia industrial y de empresas en crisis, de vivir en un "día de la marmota perpetuo en Euskadi, porque en dos años de legislatura hemos visto pasar ya una serie de empresas y parece que no aprendemos nada, no estamos avanzando ni controlando las cosas, ni apuntando a los responsables para que esto no vuelva a pasar".

"Cuando hablamos de responsables, evidentemente hay que hablar de los responsables de la empresa, pero también de las instituciones, que han sido los grandes ausentes", ha concluido.