Rodríguez exige responsabilidad a la Comunitat y Andalucía para cumplir con registro tras sentencia del TS

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha apuntado hacia la Comunitat Valenciana y Andalucía a la hora de exigirles responsabilidad para que cumplan con el registro de los alquileres de corta duración, tras la sentencia de ayer del Tribunal Supremo, que ha anulado la normativa al considerar que el Estado carece de competencias.

"Si tan valientes se han puesto con que tienen que ser ellos. Vamos a ver si lo hacen porque está en juego el derecho de mucha gente", ha afirmado este viernes en declaraciones a los medios, con el motivo de que estas dos autonomías recurrieron anteriormente contra el registro.

Sobre la propia sentencia, además, la ministra ha valorado positivamente que avale la ventanilla única digital, mientras que también ha presumido que, gracias al registro, se han identificado más de 111.000 contratos de alquiler ilegales, la mayoría turísticos.

Este mismo viernes, la patronal Fevitur ha afirmado que está analizando posibles acciones de reclamación patrimonial, que alcanzarían los 160 millones de euros, tras la decisión del Supremo, mientras que ha estimado que las revocaciones, bloqueos y problemas derivados del número de registro estatal han supuesto de media un coste de 33.000 euros por propietario afectado, entre pérdida de reservas, gastos adicionales, inseguridad operativa y barreras de comercialización.

Para su presidenta, Silvia Blasco, el problema no radica en la regulación del alquiler de corta duración ni en la coordinación con las exigencias europeas de intercambio de datos, sino en la creación de una arquitectura estatal que, en su opinión, ha resultado "jurídicamente frágil" y ha generado "barreras" de acceso al mercado.