Facua lamenta la vuelta al 21% del IVA de la luz y pide al Gobierno que apruebe un tipo reducido permanente
Facua-Consumidores en Acción ha lamentado que el IVA de la factura de la luz vuelva al 21% a partir de este lunes, 1 de junio, y ha reclamado al Gobierno un nuevo cambio regulatorio para que vuelva a aplicarse el tipo reducido de manera estable y permanente.
La asociación ha denunciado en un comunicado que es "injusto" para los usuarios domésticos que se aplique el IVA más elevado a un suministro esencial y básico como es el de la electricidad. Así, Facua considera fundamental la consolidación de un impuesto reducido para no afectar aún más la "castigada" economía de los hogares españoles.
Según Facua, la bajada de la recaudación puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a las grandes empresas, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación.
Tanto el IVA como el Impuesto Especial de la Electricidad volverán a partir de este 1 de junio a sus porcentajes habituales al haberse moderado la inflación en abril, ya que el Real Decreto de medidas anticrisis que aprobó las rebajas condicionaba su mantenimiento a superar determinados umbrales. De no hacerlo, las ayudas decaerían automáticamente.
La asociación también ha reclamado que las energías nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo.
Al mismo tiempo, ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica a que lleve a cabo actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social.
"Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos", se quejan desde Facua.
Asimismo, la organización ha pedido medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de 1.000 millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.

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