CEAV traslada a Hacienda irregularidades fiscales ligadas al intrusismo laboral en las agencias de viajes

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha trasladado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) información sobre posibles irregularidades fiscales cometidas por personas físicas y jurídicas que comercializan viajes combinados sin cumplir los requisitos legales exigidos para desarrollar esta actividad.

CEAV, junto con la asociación Locos por Viajar, han mantenido una reunión con responsables del área inspectora de la AEAT para solicitar su colaboración en la lucha contra el intrusismo profesional en el sector de los viajes combinados, ante el aumento de operadores que venden u organizan viajes principalmente a través de Internet y redes sociales sin ajustarse a la normativa vigente.

Desde el verano de 2024, la organización ha presentado 124 denuncias contra personas físicas o jurídicas que presuntamente operan sin disponer de la garantía obligatoria frente a la insolvencia exigida para la comercialización de viajes combinados y sin cumplir otros requisitos establecidos por las comunidades autónomas.

Además de continuar trasladando estos casos a las autoridades de Consumo y Turismo competentes, CEAV ha decidido poner en conocimiento de la Agencia Tributaria posibles incumplimientos de obligaciones fiscales detectados en algunos de los expedientes analizados.

Tras la reunión, responsables de la Inspección de la AEAT solicitaron a la confederación información y documentación sobre las actividades denunciadas con el fin de analizar los indicios aportados y valorar, en su caso, la adopción de actuaciones inspectoras y sancionadoras.

La directora del Área Jurídica de CEAV, Ana Barluenga, ha defendido la necesidad de actuar frente a quienes desarrollan esta actividad "al margen de las obligaciones fiscales y normativas", mientras que el presidente de Locos por Viajar, Jordi García, ha advertido de que el intrusismo en la comercialización de viajes combinados se ha convertido en una "práctica estructural que distorsiona el mercado turístico" y deja desprotegidos a los consumidores.

Según la estimación preliminar de CEAV, basada en los expedientes analizados hasta la fecha, las operaciones presuntamente no declaradas fiscalmente vinculadas a algunos de estos operadores podrían generar un impacto económico negativo para Hacienda superior a los cinco millones de euros al año.