martes, 26 de mayo de 2026 16:09

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La Asociación de Fiscales rechaza la justificación del Gobierno y avisa de que el Estado queda "indefenso"

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha rechazado la justificación que ofrece el Gobierno para derogar el delito de sedición y ha avisado de que el Estado de Derecho queda "indefenso" a la hora de "enjuiciar adecuadamente" hechos como los que ocurrieron en Cataluña en el año 2017.
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La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha rechazado la justificación que ofrece el Gobierno para derogar el delito de sedición y ha avisado de que el Estado de Derecho queda "indefenso" a la hora de "enjuiciar adecuadamente" hechos como los que ocurrieron en Cataluña en el año 2017.

"Nos resulta de extrema gravedad el que se pretenda una supresión y que, además, se justifique en razones que no son compartidas en absoluto y que no se ajustan al derecho comparado", ha trasladado Dexeus en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

La eliminación de este tipo penal "de relevancia" deja, en sus palabras, "desarbolada la defensa del Estado de derecho". "No resulta comprensible, no parece admisible y no parece justificable teniendo en cuenta las legislaciones de los países de nuestro entorno", ha añadido.

Además, Dexeus ha asegurado es "falso" que en los países de nuestro alrededor exista una normativa común, haciendo referencia así a los motivos que el Gobierno ofrece para derogar el delito y que sustentan en la homologación a Europa.

"Efectivamente no es ajustado eso que se está manifestando por parte del Gobierno de que es preciso adaptarse a la regulación europea", ha añadido la jurista, que asegura que los códigos penales de países como Italia o Portugal contienen un "tipo penal similar al de la sedición" y que, además, las penas "no son irrelevantes, sino que son siempre penas de prisión".

Con todo, ha enfatizado que el tipo penal del sedición previsto en el Código Penal español "no es anómalo", a la par que ha advertido que con esta decisión se está prescindiendo de una de las herramientas para poder actuar "si se vuelve a subvertir el orden constitucional establecido".

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