Bolaños dice que la Comisión Europea dará una respuesta "pronto" sobre su papel en la renovación del CGPJ

Se lo trasladó el comisario Reynders en la víspera durante una visita en la que asegura que no le preguntó sobre la amnistía

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que durante una visita que realizó en la víspera junto al comisario de Justicia, Didier Reynders, conversaron sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y este le aseguró que la Comisión Europea dará una respuesta "pronto" al rol que quiere desempeñar en esta negociación.

Por el contrario, según ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada a la a su llegada a una reunión informal de ministros de Justicia en la Unión Europea, Reynders no le preguntó sobre la ley de amnistía. "La preocupación de la Comisión es la no renovación del consejo por el bloqueo del Partido Popular", ha señalado.

No obstante, minutos antes de las palabras de Bolaños, el comisario europeo dijo que observa "muy atento" la evolución de las enmiendas sobre terrorismo en la ley de amnistía, aunque dejó claro que no va a reaccionar a "cada etapa" de la tramitación parlamentaria porque esperará a tener un texto definitivo para evaluar si respeta los límites del Derecho comunitario.

"Lo que está claro porque ese fue el objeto de mi conversación con el comisario Reynders, es que la Comisión Europea está muy preocupada por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, muy preocupada", ha reiterado.

El ministro espera por tanto que la Comisión dé una respuesta porque el Gobierno quiere trabajar "desde ya" con la Comisión "y también con el PP" para acabar con lo que ha denominado un "estropicio" causado por los de Alberto Núñez Feijóo al impedir la renovación del órgano de gobierno de los jueces durante los últimos cinco años.

En este sentido ha señalado que se trata de un comportamiento contrario a la Constitución y que además está provocando daños a la ciudadanía, retrasos y coste añadido en el servicio publico de la Justicia.