El Gobierno llama a establecer moratorias con vistas a la abolición de la pena de muerte en países donde aún existe

El Gobierno ha hecho un llamamiento a los países en los que aún está vigente la pena de muerte para que adopten moratorias como paso previo hacia la abolición de lo que considera que es un "castigo extremadamente cruel, inhumano, degradante, irreparable y contrario a los Derechos Humanos".

En un comunicado como motivo del Día Mundial y el Día Europeo contra la pena de muerte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha sostenido que "España sigue abogando por la abolición total de la pena de muerte en toda circunstancia".

Pese a que "la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte es constante" y "cada vez más países eliminan este castigo de sus ordenamientos jurídicos", el Gobierno admite que "es extremadamente preocupante que desde 2020 está aumentando el número de ejecuciones en todo el mundo".

En este sentido, "España hace un llamamiento a todos los estados retencionistas para que avancen hacia el establecimiento de moratorias, de facto o de iure, como paso previo hacia la abolición completa".

Asimismo, el Gobierno "insta a que promuevan las reformas jurídicas necesarias para evitar la aplicación de la pena capital a menores de edad, a personas que cometieron delitos durante su minoría de edad, a personas con discapacidad o a personas LGTBI", así como a que "tengan en cuenta los efectos de la aplicación de la pena de muerte en los menores a cargo de los condenados y protejan sus derechos".

Por último, el Gobierno ha reiterado su apoyo a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con sede en Madrid y fundada en 2010 a iniciativa española, así como las iniciativas multilaterales y de la sociedad civil que tengan por objetivo la abolición universal de la pena de muerte.