España insiste en elevar a voto oficialidad del catalán en la UE pese a falta de unanimidad y dudas legales del Consejo

España mantiene la petición de que la oficialidad del catalán, euskera y gallego se someta el próximo martes a votación en el consejo de Asuntos Generales de la UE, a pesar de que las dudas de cerca de una decena de países impide la unanimidad requerida para que salga adelante el cambio del reglamento y de que los servicios jurídicos del Consejo mantienen sus dudas sobre la base legal de una modificación tal.

Tras un primer debate a nivel técnico el pasado martes, los Veintisiete han vuelto a abordar la cuestión en una reunión de embajadores en Bruselas para preparar el consejo del martes 27 de mayo y, tras escuchar la exposición de la delegación española defendiendo la petición y las intervenciones de varios socios, la cuestión sigue abierta para que sean los ministros los que decidan.

Aunque no se ha producido una votación en la sesión de los embajadores, diversas fuentes europeas consultadas por Europa Press indican que sigue habiendo un grupo de países próximo a la decena que se posicionan "en contra o expresan dudas" respecto a reconocer las tres lenguas cooficiales como idiomas de la Unión Europea.

Aún así, tal y como adelantó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a la prensa en Bruselas la víspera, España mantiene la petición de que sea un punto para "adopción", lo que implica contar con el apoyo por unanimidad de los Veintisiete para que salga adelante.

De mantenerse de esta forma, será la segunda ocasión en que el Gobierno pide incluir una votación sobre la oficialidad del catalán desde que pactó esta reforma con Junts como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, pero sería la primera en que la votación finalmente se lleva a cabo. Entonces, en septiembre de 2023, España ejercía la presidencia rotatoria del Consejo de la UE e incluyó el voto en la agenda, pero no llegó a producirse ya que cambió la referencia a un punto de debate.

La semana pasada tuvo lugar la primera reunión a nivel técnico en el que los Veintisiete abordaron el asunto de cara al próximo consejo de ministros de la UE y, según indicaron diversas fuentes diplomáticas a Europa Press, "entre 8 y 9 países" tomaron la palabra para mostrarse "en contra o escépticos" ante la oficialidad de las lenguas cooficiales en España. Entonces, sólo las delegaciones de Bélgica y Portugal expresaron abiertamente su apoyo a España.

En el debate de este miércoles, el número de delegaciones que presentan reticencias se mantienen, incluidos países bálticos e Italia, aunque también ha habido un grupo de delegaciones que han expresado su apoyo a España. En todo caso, una mayoría de delegaciones ha optado por la discreción a la espera de que se pronuncien los ministros, conscientes de que es un asunto "muy sensible".

Los servicios jurídicos del Consejo, por su parte, pusieron sobre la mesa las dudas que tienen sobre la legalidad de modificar el reglamento de lenguas de la UE para incluir el catalán, el euskera y el gallego porque no son lenguas de los Tratados, dado que en el caso de España los tratados los ha firmado en español únicamente. Resolver este escollo podría exigir una reforma de los Tratados, explica un alto funcionario a Europa Press, lo que plantea uno de los mayores obstáculos.

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS EN CONSEJO Y COMISIÓN
En el curso del debate de embajadores, también ha quedado patente que la Comisión Europea está dispuesta a realizar una evaluación en detalle, como ya ofreció cuando el asunto llegó por primera vez al Consejo, siempre que le sea encomendado el encargo.

Sin embargo, según confirman fuentes comunitarias consultadas por Europa Press, el Consejo "no ha hecho ninguna petición" a los servicios comunitarios para evaluar la petición de reforma del reglamento de las lenguas, "ni una evaluación del coste ni de sus implicaciones legales".

En diciembre de 2023, Bruselas ofreció una estimación de 132 millones de euros al año (44 millones por lengua) pero avisó de que era un cálculo muy preliminar basado únicamente en la experiencia previa del gaélico.

España también cuenta como argumento con que ya existen "arreglos administrativos" en el seno del Consejo y de la Comisión Europea, entre otros organismos de la UE, que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales. Aunque no hay un régimen equivalente en el Parlamento Europeo, el Gobierno también trabaja en este frente y, tras solicitárselo a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, está siendo evaluado.

Tras el semestre español, el asunto sólo ha vuelto como punto de información al debate de los ministros en una sesión bajo la presidencia de turno que ejerció Bélgica en marzo del pasado año. Entonces, España quiso hacer balance de la situación en un punto que apenas duró diez minutos, según indicaron diversas fuentes diplomáticas.