PP pide la comparecencia del presidente del Consejo de Transparencia ante el "incumplimiento reiterado" de resoluciones

Denuncia la "opacidad" del Gobierno sobre los viajes y gastos del presidente del Gobierno y propone que el Congreso le exija cuentas

El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez Álvarez, para que explique las consecuencias de los "reiterados incumplimientos" del Gobierno sobre sus resoluciones, a la vez que ha presentado una proposición no de ley para exigir medidas urgentes ante lo que considera "opacidad" del Ejecutivo, especialmente en lo relativo a los gastos y viajes de presidencia del Gobierno.

El Consejo de Transparencia tiene la función de supervisar la actuación de las administraciones, resolver las reclamaciones derivadas de solicitudes de información denegadas o desatendidas e impulsar una cultura de transparencia en la acción pública. Las resoluciones que dicta tienen carácter vinculante, tal y como ha confirmado de forma reiterada la jurisprudencia contencioso-admistrativa.

Sin embargo, según expone el PP en su PNL, en los últimos años se ha producido un "deterioro sistemático y deliberado" del cumplimiento de estas resoluciones por parte del Gobierno de España, y muy especialmente por parte de la Administración General del Estado. Según los propios datos publicados por el Consejo, un 9,88% (90) de las resoluciones emitidas durante el año 2024 no constan como cumplidas por el Ejecutivo y un 4,5% se encuentran recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

RETRASAR, OBSTACULIZAR O IGNORAR LAS PETICIONES
"El patrón de conducta del Ejecutivo es claro: retrasar, obstaculizar o directamente ignorar las solicitudes de información, forzando a los ciudadanos y organizaciones a acudir a procedimientos administrativos y judiciales prolongados. Esta actitud contraviene la legislación nacional, pero, además, también los estándares internacionales asumidos por España, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) o las directrices de la OCDE sobre integridad pública", esgrimen.

Uno de los ejemplos más "recientes y significativos" de este incumplimiento, recoge el Grupo Popular, lo constituye la resolución del CTBG que ordena al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes facilitar los gastos de representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre 2018 y 2022.

La petición original fue formulada por un ciudadano el 10 de septiembre de 2024 y, tras meses sin respuesta, se elevó la correspondiente reclamación ante el Consejo de Transparencia, que emitió resolución firme exigiendo la entrega de dicha información. Pese a ello, el Gobierno de momento ha ignorado dicha resolución, "incumpliendo flagrantemente los plazos legales establecidos".

VOLUNTAD DE OCULTAMIENTO
Según explica el PP, esta conducta "vulnera el derecho de acceso a la información pública y, además, denota una preocupante voluntad de ocultamiento respecto a cuestiones tan sensibles como el uso de recursos públicos por parte del máximo responsable del Ejecutivo". "La opacidad en torno a los viajes, dietas, comitivas y gastos del presidente del Gobierno refleja una alarmante falta de ejemplaridad institucional y un desprecio por los principios básicos de la integridad pública", denuncian.

Entre otros ejemplos, los 'populares' destacan la resolución que exigía al Ministerio de Igualdad detallar los gastos de las campañas institucionales del Instituto de las Mujeres; o la de acceso a los informes de la Abogacía del Estado respecto a la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, cuya publicación fue bloqueada invocando razones de "reserva interna"; o la negativa entregar la lista completa de asesores de confianza del Gobierno y sus retribuciones.

El Grupo Popular en el Congreso añade que el incumplimiento de las resoluciones del CTBG "compromete" el funcionamiento interno del sistema administrativo "y proyecta una imagen de impunidad y falta de voluntad política ante los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, algo que constituye una grave anomalía democrática que deslegitima el marco legal de la transparencia y desacredita los compromisos institucionales de integridad y rendición de cuentas".

HAY QUE REFORMAR LA LEY Y DAR MÁS MEDIOS AL CONSEJO
Por todo ello, el PP insta al Gobierno a cumplir "de forma inmediata y sin excepciones", todas las resoluciones del Consejo de Transparencia; y a establecer un protocolo interno en el seno del Gobierno que garantice la tramitación "ágil, transparente y conforme a derecho" de todas las solicitudes de acceso a información pública, con asignación de responsables, seguimiento de plazos y mecanismos de control interno.

También reclaman impulsar una reforma de la Ley 19/2013 que otorgue al Consejo potestades coercitivas para exigir el cumplimiento de sus resoluciones; y dotarle de los medios personales, técnicos y presupuestarios necesarios para garantizar el ejercicio "pleno y eficaz" de sus competencias, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de transparencia, gobernanza e integridad institucional.