Fiscalía denuncia manipulación judicial y defiende a García Ortiz frente al Supremo

La Fiscalía ha lanzado una dura ofensiva contra la decisión del magistrado Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. La causa gira en torno a una presunta revelación de secretos relacionada con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Desde el Ministerio Público denuncian que la instrucción presenta graves deficiencias, incluyendo ausencia de pruebas sólidas y una parcialidad manifiesta que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales de los acusados.

Un recurso directo que desafía la instrucción judicial

Firmado por María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, el recurso ha sido presentado de manera directa ante la sala de apelación, saltándose la revisión inicial del magistrado instructor. En el escrito se solicita el sobreseimiento inmediato del procedimiento y la exoneración completa de García Ortiz y Rodríguez. La Fiscalía acusa al juez Hurtado de fundamentar su resolución en “inferencias carentes de base probatoria” y de desatender pruebas y hechos clave conocidos por diversas fuentes.

Filtraciones que ya circulaban antes de la investigación

El recurso pone de manifiesto que la información clave, un correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el que Alberto González Amador proponía un pacto para reconocer delitos fiscales, era ya de dominio público antes de que el fiscal general tuviese acceso a él. Varios medios de comunicación habían informado previamente sobre esta oferta y tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como periodistas confirmaron que el contenido no era confidencial en ese momento.

Negación contundente de la vinculación política

Sánchez Conde rechaza con firmeza que se pueda atribuir al fiscal general una actuación con intenciones políticas, en especial la supuesta revelación de secretos. Defiende que la Fiscalía tenía la obligación de desmentir informaciones falsas como la publicada por El Mundo el 13 de marzo, que sugería una actuación irregular por órdenes de La Moncloa. La teniente fiscal insiste en que “no existe ninguna prueba” que respalde la existencia de órdenes desde la presidencia del Gobierno o cualquier acuerdo entre García Ortiz y Pilar Rodríguez.

Implicación de la Abogacía del Estado y alertas internas

El recurso también recuerda que el citado correo electrónico fue remitido ese mismo 2 de febrero a la Abogacía del Estado. Además, la Fiscalía señala que Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, ya conocía el contenido antes que el fiscal general y fue quien advirtió a García Ortiz sobre la difusión de información falsa, evidenciando coordinación y conocimiento interno de los hechos.

Críticas severas a la dirección de la instrucción

La Fiscalía cuestiona que el magistrado Hurtado haya sostenido un “argumento reduccionista” al limitar la posible fuente de la filtración exclusivamente a la Fiscalía o al abogado defensor. Denuncia también que se hayan introducido supuestos “mandatos desde la presidencia del Gobierno” sin que los investigados hayan podido ejercer su derecho a defenderse ni ser informados adecuadamente de esas imputaciones, lo que supone una vulneración del principio de defensa.

Vulneración de garantías constitucionales en la instrucción

En términos contundentes, Sánchez Conde asegura que “la instrucción de la causa no ha respetado las garantías procesales ni constitucionales que deben regirla”. Esta crítica desde la cúpula de la Fiscalía representa una inédita y directa desautorización a un magistrado del Tribunal Supremo, lo que añade un nuevo nivel de tensión a la controversia judicial.

Una crisis institucional con ramificaciones políticas profundas

Este choque entre la Fiscalía y el juez Hurtado sucede en un momento de alta tensión política, con el nombre de Isabel Díaz Ayuso en el centro de una tormenta mediática y de confrontaciones entre distintas instituciones del Estado. Lejos de encaminarse a un cierre, el caso abre un capítulo de enfrentamiento frontal entre el Ministerio Público y una parte del poder judicial, amenazando con provocar consecuencias significativas para la justicia española y el equilibrio institucional del país.