Sumar critica que la huelga convocada por jueces solo busca ejercer "presión política" y daña el equilibrio de poderes

Dice que se apliquen los pertinentes descuentos de nómina a los magistrados que la secunden y reclama al CGPJ fijar servicios mínimos

El grupo parlamentario Sumar ha criticado la huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, tiene un "claro componente político" y su finalidad es ejercer "presión política" contra el parlamento, lo que supone bajo su criterio una "injerencia preocupante" y daña el equilibrio de poderes del Estado.

Aparte, ha afirmado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene la "obligación" de garantizar servicios mínimos, pese a que el órgano de gobierno de los jueces lo descarta, al argumentar que la administración de justicia es un servicio "esencial" y espera que se apliquen a los magistrados que secunden los paros "el correspondiente descuento en la nómina, como ocurre con cualquier otra persona" que se adhiere a una huelga.

"Ser juez o jueza no puede implicar privilegios en el caso de realizar una huelga", ha destacado el grupo plurinacional en un comunicado, en el que sostiene que esta huelga "no responde a una reivindicación puramente laboral".

Sumar ha querido remarcar que el derecho a la huelga es una "conquista irrenunciable", fruto de la lucha sindical y de la izquierda, y que en el caso de la judicatura no existe una "regulación específica" al respecto, pero tampoco hay una "norma constitucional u orgánica que lo prohíba expresamente".

Respecto a los partos previstos los días 1, 2 y 3 de julio, la formación afirma que "se trata de una protesta contra decisiones legislativas adoptadas democráticamente por el Congreso" y, en consecuencia, su contenido es "claramente político", lo que comporta una "injerencia preocupante del poder judicial en las competencias del poder legislativo".

"Aunque en la convocatoria formal se recogen algunas demandas de tipo profesional -relativas a carrera, salud laboral o sobrecarga de trabajo-, el eje central de la protesta es la presión directa al legislador para condicionar su actuación al dictado de los intereses corporativos de una parte de la judicatura. Esta pretensión no solo es improcedente en términos institucionales, sino que daña gravemente el equilibrio entre poderes y los principios democráticos de nuestro sistema", ha apostillado Sumar en su nota.

Finalmente, el grupo plurinacional ha proclamado su defensa de una "justicia verdaderamente independiente, accesible y al servicio de la ciudadanía" y, por eso, rechaza "cualquier intento de utilizar el poder judicial como herramienta de presión política contra el Parlamento".