La CRUE muestra su "malestar" ante la proposición de ley de consejos sociales que tramita el Parlamento canario

La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas pide al Gobierno canario que "reflexione" sobre esta propuesta legislativa que podría "causar perjuicios" al sistema universitario

La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha remitido recientemente una carta a la consejera de Universidades del Gobierno autónomo, Migdalia Machín, manifestándole la "preocupación y malestar" de la asociación que preside ante la proposición de ley de consejos sociales que tramita el Parlamento de Canarias y que "menoscaba gravemente la autonomía universitaria".

En opinión de Alcón, la propuesta legislativa redefine la función legal de los consejos sociales hasta el punto de "menoscabar gravemente la autonomía universitaria". De hecho, advierte, el texto "desnaturaliza" la misión del Consejo Social como instrumento de participación y representación de la sociedad en la universidad y, continúa, hace de él "un órgano de gobierno y representación más de la propia universidad, diríase que casi como un Consejo de Gobierno paralelo", según recoge una nota facilitada a los medios por la Universidad de La Laguna.

La carta, también enviada a los rectores de las dos universidades públicas canarias, Francisco García y Lluìs Serra, añade algunos ejemplos de este "exceso" competencial denunciado: Así, expone, se faculta a los consejos sociales para suscribir acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, incluyendo los orientados al desarrollo de programas de empleabilidad, formación dual y transferencia de conocimiento.

CONTROL INTERNO
"Tampoco parece la mejor solución que el Consejo Social sea su propio órgano de contratación, cuando no es una Administración Pública distinta de la universidad", prosigue la presidenta, que tilda de "especialmente grave" lo recogido en el art. 14.3 de la propuesta, de que "la intervención o a la unidad responsable de control interno de la gestión económico-financiera de la universidad, así como su personal, dependerá del Consejo Social".

Según Alcón, lo que el art. 59.3 LOSU prevé, por el contrario, es que "las universidades desarrollarán un régimen de control interno, que contará, en todo caso, con un sistema de auditoría interna", y que "el órgano responsable de este control tendrá autonomía funcional en su labor" y, por lo tanto, "no podrá depender de los órganos de gobierno unipersonales de la universidad".

La presidenta de la CRUE puntualiza que esta propuesta legislativa "podría causar perjuicios" al sistema universitario, "afectando claramente a la autonomía de las universidades", por lo que emplaza a la Consejería a "reflexionar" sobre estos asuntos y, en ese sentido, queda a la espera de cualquier aclaración a precisar.