Bruselas da dos meses a España para cumplir con la protección de infraestructuras críticas o irá al TJUE

La Comisión Europea ha informado este jueves del nuevo ultimátum dado al Gobierno español para que transponga las normas europeas para reforzar la protección de infraestructuras críticas que debían estar incorporadas a su legislación nacional desde octubre del pasado año; un requerimiento para el que Bruselas da un plazo de dos meses antes de decidir si eleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para pedir una sanción.

El aviso tiene la forma de dictamen motivado, segunda fase de las tres que prevé un procedimiento de infracción, y que da a las autoridades dos meses para responder al ultimátum y tomar las medidas necesarias. Bruselas advierte, además, de que de no resolverse las diferencias, sopesará denunciar el caso ante la Justicia europea para solicitar una sanción contra el país infractor.

La directiva actualizada sobre resiliencia de las entidades críticas debía estar transpuesta a todas las legislaciones nacionales a más tardar el 17 de octubre, pero junto a España hay otra docena de países que no han cumplido y que también están sometidos al mismo expediente sancionador.

Según destaca el Ejecutivo comunitario, la nueva norma moderniza y completa las reglas comunes sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección.

Con ello, la UE quiere garantizar la prestación de servicios vitales para la sociedad y la economía de la UE en sectores clave como la energía, el transporte, la salud, el agua, la banca y las infraestructuras digitales, reforzando la capacidad de resistencia de las entidades críticas que prestan estos "servicios vitales" frente a amenazas como riesgos naturales, los ataques terroristas, las amenazas internas y el sabotaje.

Por ello, los servicios comunitarios consideran que la "rápida" transposición de la directiva es "esencial" para lograr ese objetivo común a los 27 y da ahora dos meses a los países apercibidos para resolver su retraso.

De no hacerlo, subraya la Comisión, sus servicios podrán optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se les impongan sanciones financieras.