El PSOE y sus socios ajustan la reforma del Reglamento del Congreso contra "pseudoperiodistas" como pedían los letrados

La iniciativa sale adelante en comisión, con el voto en contra del PP y Vox, y el martes se aprobará definitivamente en el Pleno

El PSOE y sus socios --Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG--, han aprovechado este jueves la Comisión de Reglamento del Congreso para ajustar a través de una enmienda transaccional la reforma para permitir sanciones a periodistas acreditados que obstaculicen la labor parlamentaria y de la prensa en la Cámara, tal y como pedían los letrados de la Cámara Baja.

Los servicios jurídicos del Congreso redactaron una nota de informaciones técnicas sobre la reforma en la que alertaban de que la creación de sanciones podía limitar "el derecho a la libertad de información", por lo que pedían valorar si concurrían "requisitos para su legitimidad".

En esa nota, a la que tuvo acceso Europa Press, avisaban también de que la falta de precisión en las sanciones podía generar "inseguridad jurídica" para los representantes de los medios de comunicación y proponían, entre otras cosas, incluir un régimen de prescripción para las sanciones.

SANCIONES MÁS PRECISAS Y QUE PUEDEN PRESCRIBIR
El grueso de las sugerencias de los servicios jurídicos se han incluido a través de la enmienda transaccional pactada en la Comisión de Reglamento, que ha dejado aprobado su dictamen sobre la reforma que se votará en el Pleno el próximo martes. El texto ha salido adelante con el aval del PSOE y sus socios y el voto en contra el PP y Vox.

En concreto, el PSOE y sus socios delimitan de manera explícita el recinto parlamentario en el que los periodistas pueden ser sancionados y ponen el foco en el uso de la autorización o credencial pertinente a la hora de desarrollar las labores como profesionales de la información.

También reducen de cinco a tres años el plazo máximo de suspensión de credencial por cometer una infracción considerada muy grave y además incluyen un régimen de prescripción tal y como sugerían los servicios jurídicos. "Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes", especifica el texto.

Durante el debate en la comisión, PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, han incidido en que este régimen sancionador supone "restringir el derecho a recibir o comunicar libremente información veraz", según el diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez Almeida, quien interpreta la reforma como un "atropello democrático y constitucional". También han protestado contra lo que consideran "sanciones arbitrarias", en opinión de Alberto Catalán, de UPN.

"LABORATORIO DE CANCELACIÓN Y CENSURA"
La más dura ha sido la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, la 'popular' Carmen Navarro, quien ha acusado al PSOE y sus socios de querer convertir el Congreso en un "laboratorio de cancelación, censura y persecución política" mediante "procesos inquisitoriales".

"Nadie niega incidentes ni tensiones crecientes entre parlamentarios y algunos periodistas, entre algunos periodistas entre sí, pero el Reglamento ya faculta a la presidenta para actuar al instante, ordenar desalojos, suspender acreditaciones, salvaguardar el respeto debido a esta Cámara, y no es la falta de instrumentos lo que justifica esta reforma, es la voluntad política de castigar al discrepante y amedrentar a la prensa incómoda", ha resumido.

Por contra, PSOE y Sumar han recordado que esta reforma se ha hecho a petición de la Asociación de Periodista Parlamentarios y han negado, como sus socios parlamentarios, que afecte negativamente al derecho a la información.

El socialista Joaquín Martínez Salmerón ha defendido que el texto es garantista y ofrece "seguridad jurídica", mientras que Enrique Sierra, de Sumar, ha destacado que quizá la negativa del PP y Vox a apoyar la reforma se deba a que a ellos no les afecta "la actuación de estos escuadristas".

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha subrayado que los "agitadores de ultraderecha" que "perturban" la labor periodística no hacen "información", sino que se "dedican a provocar, acosar, boicotear y señalar" a los verdaderos profesionales de la prensa, además de a diputados.

También ha cargado contra ellos, la diputada de ERC Pilar Vallugera, quien ha dicho que su actuación ha llevado a tener que redactar un marco de convivencia "de clase de infantil" para recordarles que no puede entrar en los despachos de los diputados o acosarles. "Se está poniendo de moda ser un hijo de puta y no podemos aceptarlo de ninguna manera", ha resumido.

AMPLIACIÓN DEL VOTO TELEMÁTICO
Josep María Cervera, de Junts, ha defendido una reforma que, a su juicio, sólo persigue instauran el respeto "a los principios de buena educación" y también Mikel Legarda, del PNV, ha dado su apoyo a esta modificación.

Esta reforma ha servido también para ampliar los supuestos en los que sus señorías podrán solicitar el voto telemático. En concreto, además de por enfermedad, maternidad o paternidad podrán solicitarlo por tratamientos de reproducción asistida y para atender al cónyuge o pareja de hecho u otros familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o personas dependientes.