El PP eleva a Europa la gestión de Ribera en la DANA y acusa de falta de transparencia a la nueva comisaria

La política climática de la Unión Europea se ha visto alterada por una denuncia lanzada desde España. La eurodiputada del Partido Popular y vicepresidenta del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea en la que acusa a Teresa Ribera —actual vicepresidenta de la Comisión y responsable de Acción Climática— de haber “ocultado datos clave” durante su audiencia de evaluación previa a su designación comunitaria.

Montserrat sostiene que Ribera no informó debidamente sobre su papel durante la gestión de la DANA (gota fría) del 29 de octubre de 2023, cuando, en su calidad de ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estaba al frente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo responsable de alertar sobre riesgos fluviales en la Comunidad Valenciana. En esa jornada perdieron la vida 228 personas.

El núcleo de la denuncia: una ventana de silencio en plena emergencia

El argumento central del Partido Popular se apoya en un informe elaborado por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, según el cual entre las 16:15 y las 18:43 horas de ese día no se emitió ninguna alerta por parte de la CHJ, a pesar de que el caudal en el barranco del Poyo —uno de los focos del desastre— crecía de forma alarmante.

“Este apagón técnico se produjo precisamente en las horas y zona más críticas, obstaculizando la activación de medidas de protección civil”, afirma el texto firmado por Montserrat.

La eurodiputada acusa a Ribera de haber evitado deliberadamente mencionar este episodio durante su comparecencia en Bruselas, donde, en su opinión, desvió responsabilidades hacia gobiernos anteriores y evitó reconocer cualquier error de gestión. “Estas nuevas revelaciones confirman que Teresa Ribera se escudó en una cuestión de competencias para no asumir su responsabilidad”, subraya Montserrat.

En su denuncia formal, la dirigente popular pregunta a la Comisión si considera que esta supuesta omisión es compatible con “los principios de transparencia, integridad y confianza institucional” que deben regir el acceso a cargos de alta responsabilidad en la estructura comunitaria.

Informe policial vs. criterio judicial

El informe de la Guardia Civil remitido a la jueza instructora el 25 de julio detalla una cronología del episodio meteorológico y apunta que “destaca sobremanera la inexistencia de avisos” durante el periodo en cuestión. La falta de alertas habría impedido a los equipos de emergencia conocer en tiempo real la evolución del caudal, según los agentes.

El documento propone incluso que se pregunte a los responsables de la CHJ “cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos”.

Sin embargo, este mismo informe ha sido desautorizado por la magistrada que investiga la tragedia. En un auto posterior, la jueza calificó el contenido del informe de “erróneo” e “incompleto”, recordando que su encargo consistía exclusivamente en proporcionar una cronología objetiva de los desbordamientos y su relación con los fallecimientos, sin incluir juicios de valor ni atribuciones de responsabilidad.

“Las valoraciones realizadas por la Policía Judicial no poseen eficacia incriminatoria, ni tampoco exculpatoria, de los investigados ni de cualquier otro implicado”, concluyó la magistrada, dejando sin fuerza penal directa el documento esgrimido por el PP.

Un debate político sobre la legitimidad institucional

Más allá del plano judicial, el foco del debate se traslada ahora a la arena institucional europea. Montserrat plantea que la falta de transparencia en un episodio tan grave debería tener consecuencias políticas. En su pregunta, sugiere que la Comisión podría haber validado un nombramiento basado en “una manipulación u ocultación de hechos relevantes”.

“La verdad solo es una y siempre se termina conociendo. En un asunto de esta gravedad, los europeos no se merecen una comisaria que carga con esta responsabilidad sobre sus hombros y que les engaña”, añadió la eurodiputada, apelando a la integridad de las instituciones comunitarias.

El contexto no es menor: Teresa Ribera ha sido designada como una de las figuras clave de la nueva Comisión Europea en materia de clima, transición energética y sostenibilidad, precisamente en un momento en que la UE redobla sus compromisos frente al cambio climático y a la gestión de riesgos naturales.

Lecturas cruzadas en clave nacional y europea

En España, el movimiento del PP se interpreta como parte de una ofensiva más amplia contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en la que se cuestiona no solo la política energética o climática, sino también el uso de plataformas internacionales para proyectar figuras políticas nacionales.

Desde el entorno del Gobierno, en cambio, se ve la denuncia como un intento de deslegitimar a una de las principales figuras del Ejecutivo con proyección europea, justo cuando se avecinan decisiones clave sobre fondos, transición ecológica y gestión del agua.

Lo que está en juego no es únicamente la reputación de una comisaria europea. El caso pone sobre la mesa un dilema mayor: ¿puede una omisión política nacional derivar en una revisión institucional europea? ¿Debe un proceso parlamentario en Bruselas reabrirse si emergen nuevos datos técnicos o interpretaciones jurídicas en sede nacional?

Próximos pasos: respuesta institucional y horizonte judicial

La Comisión Europea deberá ahora responder a la pregunta presentada por Dolors Montserrat. Lo habitual en estos casos es que se analice si la información presentada durante la evaluación parlamentaria de Ribera fue veraz y completa. Si no se detectan incongruencias documentales, el asunto podría cerrarse sin más. En caso contrario, se abriría un frente político de enorme repercusión.

Al mismo tiempo, el proceso judicial por la tragedia de la DANA sigue su curso. A pesar del cuestionamiento del informe de la Guardia Civil, no se descarta que se practiquen nuevas diligencias, o que se reclame documentación adicional a la Confederación Hidrográfica del Júcar o al Ministerio.

Entre Bruselas y Valencia, el nombre de Teresa Ribera queda así temporalmente suspendido entre dos esferas: la confianza institucional europea y la responsabilidad política nacional. Lo que determine cada una de ellas, en su debido momento, marcará no solo el futuro de una comisaria, sino el de la relación entre control político, gestión de emergencias y rendición de cuentas en el corazón de la Unión Europea.