¿Están en riesgo la seguridad y la transparencia del Gobierno? El PP exige respuestas sobre Huawei

El PP reclama una auditoría rigurosa sobre los contratos del Ejecutivo con Huawei

El Partido Popular ha presentado una solicitud formal al Tribunal de Cuentas para que realice una fiscalización detallada de todos los acuerdos firmados entre el Gobierno y la empresa tecnológica Huawei durante los últimos cinco años. La iniciativa responde a las inquietudes manifestadas por el partido respecto a la seguridad nacional y los riesgos potenciales derivados de la colaboración con compañías extranjeras.

Preocupación por contratos sensibles y petición de comparecencias

Juan Bravo, vicesecretario del PP para Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, ha denunciado que el Ejecutivo ha concedido contratos relacionados con servicios críticos a compañías chinas como Huawei y Hikvision. Estos incluyen desde dispositivos para escuchas judiciales hasta la vigilancia en puntos estratégicos como las fronteras de Ceuta y Melilla. Según Bravo, “estas prácticas suponen un riesgo de espionaje”. Por este motivo, el partido ha solicitado la comparecencia de los ministros José Manuel Albares, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, además del máximo responsable de contratación del Ministerio de Hacienda, para que expliquen en detalle estas operaciones.

Defensa del interés nacional y exigencia de transparencia

El dirigente popular ha subrayado que “Sánchez y su Ejecutivo están poniendo en riesgo tanto la seguridad nacional como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de “saber qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y cuáles son los intereses de este Gobierno”, reclamando una mayor claridad en las actuaciones del Ejecutivo.

Iniciativa para proteger el sector agroalimentario

Paralelamente, el PP ha presentado en el Senado una propuesta legislativa que pretende considerar el sistema alimentario como un ámbito estratégico y esencial para la economía nacional. Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a agricultores, ganaderos y pescadores, en un contexto internacional marcado por las tensiones arancelarias.

Juan Bravo ha explicado que la ley busca asegurar el suministro y la seguridad alimentaria, sobre todo en momentos de crisis, y dotar de herramientas que garanticen la sostenibilidad y rentabilidad del sector agropecuario.

Críticas a la gestión fiscal y al Govern catalán

El vicesecretario popular también ha criticado las estrategias del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para “tapar” la financiación singular de partidos independentistas con debates sobre el ‘dumping’ fiscal. Según Bravo, esta maniobra busca distraer la atención de “un auténtico infierno fiscal” que padecen los españoles.

Al comparar los datos de 2024 con los de 2018, ha detallado que la presión fiscal ha aumentado en 140.000 millones de euros, con un incremento de 18.000 millones solo en el primer semestre. Las previsiones para finales de 2025 apuntan a una subida total de 170.000 millones, afectando especialmente a las rentas medias y bajas.

En palabras de Bravo, “Tenemos que trabajar en mejorar el poder adquisitivo y la renta del conjunto de los españoles, abandonar este infierno fiscal y hacer una reforma que lleve una rebaja de impuestos”.