El Gobierno intenta ilegalizar la Fundación Franco e invierte 560.000 euros en una exposición antifranquista

El Gobierno de España refuerza su estrategia de memoria democrática con dos iniciativas paralelas que buscan enfrentar la glorificación del franquismo y visibilizar la resistencia ciudadana al régimen. Por un lado, Cultura trabaja en la ilegalización judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, mientras que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática prepara una exposición de gran envergadura en Barcelona sobre el movimiento estudiantil antifranquista. Ambas acciones se enmarcan en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte del dictador y buscan, según el Ejecutivo, educar a la sociedad sobre los peligros del autoritarismo y honrar a las víctimas de la dictadura.

Acción judicial contra la Fundación Nacional Francisco Franco

El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, está ultimando el expediente para instar ante la Justicia la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), amparándose en la Ley de Memoria Democrática. El ministro explica: “Hemos estado algunos meses esperando a que Memoria Democrática nos mandara el informe. Ahora ya lo tenemos y estamos ultimándolo para elevarlo lo antes posible ante el juez”.

El proceso comenzó en junio de 2024, cuando Cultura inició actuaciones previas para recopilar información, informes y documentos que sirvieran de base legal para la extinción de la organización. Para ello, se han solicitado informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, al Registro de Fundaciones de competencia estatal y a la Abogacía del Estado.

El documento elaborado por Memoria Democrática concluye que la fundación “no persigue fines de interés general”, realiza apología del franquismo, ensalza la dictadura y humilla a las víctimas del golpe de Estado y la guerra civil. El ministerio también valora solicitar medidas cautelares para suspender sus actividades hasta que se dicte sentencia: “Lo estamos acabando de estudiar”.

Urtasun destaca la prioridad política y social de la acción: “No es de recibo que en 2025 todavía tengamos fundaciones que hacen apología al franquismo. Por lo tanto, esa es una prioridad que es muy clara para mí”. Además, subraya que la iniciativa responde a la obligación de proteger los derechos, libertades y memoria democrática de la ciudadanía: “Que los ciudadanos tengan claro qué significó el franquismo y la censura también para la cultura”.

Exposición sobre la resistencia estudiantil en Barcelona

De manera paralela, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática impulsa una exposición sobre el movimiento estudiantil antifranquista, con un presupuesto de 560.526 euros. La muestra se instalará en el Born Centre de Cultura y Memoria del Museo de Historia de Barcelona.

El proyecto incluirá producción escenográfica, montaje y desmontaje, y está previsto que el proceso de adjudicación comience el 11 de septiembre, con un plazo de ejecución de aproximadamente diez meses. La exposición formará parte de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte de Franco, junto a conferencias, actividades educativas y culturales que buscan visibilizar la lucha por la libertad y la democracia.

Según los documentos del Ministerio, esta iniciativa se enmarca en un programa de más de un centenar de actos organizados por el Gobierno para recordar los efectos del franquismo y la resistencia social, en especial la protagonizada por estudiantes que desafiaron el régimen: “Es fundamental trabajar en materia de derechos, libertades y defender la memoria democrática”, señala Urtasun.

Contexto histórico y legal

La Ley de Memoria Democrática, recientemente reformada, permite al Gobierno ilegalizar asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo. El Congreso aprobó en 2024 modificaciones específicas para asegurar que fundaciones como la FNFF puedan ser disueltas judicialmente si incumplen la normativa.

El informe de Memoria Democrática destaca que la FNFF incurre en “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. Estas conclusiones refuerzan la necesidad de instar judicialmente la extinción de la organización y de considerar la suspensión provisional de sus actividades.

Implicaciones políticas

El proceso de ilegalización se produce en un contexto de especial sensibilidad política, coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador. Para Urtasun, la medida tiene una relevancia simbólica clara: “Defender la memoria democrática no es solo un acto jurídico, sino también una obligación moral y cultural”.

La exposición en Barcelona, por su parte, refuerza el compromiso del Ejecutivo con la educación cívica y la recuperación de la memoria histórica, sirviendo de contrapunto a la existencia de la fundación: visibiliza la resistencia de los estudiantes y la ciudadanía frente al régimen, mientras la acción judicial busca impedir la perpetuación de discursos de odio.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado un Alto Comisionado y un comité científico de expertos para coordinar todas las actividades conmemorativas, trabajando de manera conjunta con administraciones locales y autonómicas.

Reacciones y expectativas

Se espera que las acciones legales contra la FNFF generen un debate político intenso sobre la libertad de asociación y los límites de la apología del franquismo. Por otro lado, la inversión en la exposición podría suscitar tanto elogios por su valor educativo como críticas por el coste económico, aunque desde el Ministerio se defiende como “una herramienta fundamental para que la sociedad conozca y reflexione sobre la historia reciente”.

Expertos en memoria histórica destacan que la combinación de medidas judiciales y culturales es clave para garantizar que la sociedad entienda el franquismo y sus consecuencias: reforzar la memoria democrática requiere no solo sanción legal, sino también educación y sensibilización ciudadana.