Comunidad Valenciana subraya que 80 viviendas industrializadas darán "respuesta rápida" a afectados por la dana

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha subrayado que 80 viviendas industrializadas, que además serán protegidas, permitirán dar una "respuesta rápida" a familias afectadas por la dana en los municipios valencianos de Albal y Torrent.

Así lo ha indicado este jueves en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que ha aprobado el primer pliego en España para la construcción de inmuebles industrializados, dentro del Plan Vive especial tras las inundaciones, para atender la "emergencia habitacional" surgida tras ellas, según ha destacado el ejecutivo valenciano en un comunicado.

Camarero ha apuntado que esta es "la primera licitación pública" en el país "que alcanza el máximo grado de industrialización, lo que significa fabricar los módulos residenciales fuera de obra, con tecnologías punteras como la inteligencia artificial (IA), el escaneado láser o el sistema BIM". "Todo ello nos permite acortar plazos, garantizar la calidad y reducir residuos, situando a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de la vivienda pública", ha resaltado.

En una primera fase, los municipios de Albal y Torrent serán los primeros beneficiarios, con 80 viviendas protegidas que se destinarán "prioritariamente" a las familias damnificadas por la riada y al alquiler asequible, con una reserva del 40 por ciento para jóvenes.

La inversión inicial asciende a 15 millones de euros para 2025 y el objetivo es "ampliar esta iniciativa hasta alcanzar 250 viviendas en distintos municipios en futuras fases del Plan Vive". "Con estas medidas, el gobierno valenciano persigue no solo atender las necesidades urgentes de las familias afectadas, sino también reforzar el parque público de vivienda para ofrecer soluciones habitacionales a largo plazo", han resaltado desde el ejecutivo de Carlos Mazón.

Las licitaciones incluyen cuatro lotes: dos para contratación mixta de proyecto y obra y otros dos para direcciones facultativas, "con criterios que garantizan la sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones".