Sumar Galicia acusa a la Xunta de "sembrar racismo" con la creación de centros específicos para menores migrantes

Movemento Sumar Galicia ha acusado a la Xunta de Galicia de "sembrar racismo y aporofobia" con la decisión de crear recursos y centros específicos para la acogida de menores migrantes.

En un comunicado, rechazan "rotundamente" la intención del Gobierno gallego, que consideran que "no solo vulneraría derechos fundamentales de los menores, sino que evidencia una estrategia política irresponsable al sembrar racismo y aporofobia para esconder años de recortes y abandono de los servicios sociales".

El secretario general de la organización, Paulo Carlos López, ha acusado a la Xunta de "disfrazar como solución lo que consideran una maniobra segregadora y discriminatoria". "Ningún niño puede ser tratado como ciudadano de segunda por razón de origen, raza o nacionalidad y que los migrantes no necesitan compasión; necesitan que se les respeten sus derechos, exactamente igual que a cualquier niño gallego", denuncia.

Además, acusa al Ejecutivo autonómico de llevar más de 15 años "privatizando, recortando y degradando los servicios sociales" y de utilizar a la infancia de migrantes como "chivo expiatorio y como arma política para confrontar con el Estado", algo que consideran "vergonzoso y desleal". "Es de ser malas personas, casi una traición a la decencia humana más básica de quien más necesita la protección de la administración gallega", apunta.

Asimismo, censuran que la Xunta no respeta la normativa europea, la Constitución o la legislación estatal que "son claras en sus objetivos de políticas interculturales que favorezcan la convivencia y aseguran la integración, igualdad y no discriminación".

Consideran que la propuesta de la Xunta va "justo en el sentido contrario" y que "abriría la puerta a políticas racistas, a la exclusión social y a la aporofobia institucionalizada". Por ello, exigen la retirada "inmediata" de una medida que tachan de "indecente", así como la creación de plazas públicas suficientes para garantizar una acogida digna y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales en materia de protección de menores y políticas migratorias.