Sumar, Bildu, PP y Vox impulsan un registro independiente para controlar a los 'lobbies' en España

La iniciativa surge en un momento clave en el debate sobre transparencia y ética en la administración pública. Los principales partidos buscan garantizar que los grupos de presión operen bajo un control estricto, independiente de cualquier instrucción política, y que sus actividades queden registradas con precisión y acceso público. La reforma podría redefinir la relación entre las instituciones del Estado y los actores que ejercen influencia sobre la toma de decisiones.

Reforma de la ley de transparencia: un nuevo enfoque sobre los 'lobbies'

Sumar, Bildu, PP y Vox han presentado enmiendas a la ley de Transparencia e integridad de las actividades de los grupos de influencia para garantizar que el registro oficial de 'lobbies' dependa de un órgano independiente y no de la Oficina de Conflictos de Interés, actualmente adscrita al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

"Los cuatro grupos consideran que no debe encargarse de fiscalizar la actuación de los 'lobbies' un organismo dependiente del Ejecutivo", explican fuentes parlamentarias. El objetivo de estas modificaciones es asegurar que la supervisión sea imparcial, libre de presiones políticas y con medios suficientes para cumplir su labor de manera efectiva.

Propuestas específicas de cada partido

Sumar plantea la creación de un organismo encabezado por una persona con rango de director general, nombrada por las Cortes durante un mandato único de seis años. Este ente podría imponer sanciones y contaría con un mecanismo de control externo que garantice su independencia. Según sus enmiendas, el organismo debe actuar "de manera objetiva, imparcial y sin interferencias políticas".

Bildu propone sustituir la Oficina de Conflictos de Interés por la denominada Oficina Independiente de Buenas Prácticas e Integridad Pública, integrada por funcionarios o personal especializado, dirigida por un miembro con más de diez años de experiencia en la administración.

Mientras tanto, Vox acepta inicialmente que el registro siga bajo la Oficina de Conflictos de Interés, pero exige que se transforme en un "ente independiente de derecho público dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad pública y privada, y autonomía funcional y organizativa respecto de cualquier Administración Pública", encargado de supervisar todos los conflictos de interés en todas las administraciones, incluidas locales y autonómicas.

El PP propone además extender el control a los miembros de las Cortes Generales y a todo el personal de la Administración General del Estado implicado en la toma de decisiones públicas, no solo a altos cargos o asesores eventuales.

Alcance de la información y transparencia

La mayoría de los grupos defienden que los 'lobbies' deben aportar información detallada y actualizada sobre sus reuniones y documentos entregados, ampliando los requerimientos previstos por el Gobierno. Por el contrario, Junts considera que estos requisitos son "excesivos" para quienes ejercen actividades de influencia de manera ocasional y propone limitar el registro a quienes actúen profesionalmente.

Mientras que Vox desea incluir en la normativa partidos políticos, sindicatos y patronales, Bildu y Podemos buscan excluir organizaciones sin ánimo de lucro o asociaciones sociales que no tengan vinculación profesional o empresarial.

Inclusión del Poder Judicial y sanciones

Podemos aboga por que la ley regule también la interacción de los 'lobbies' con el Poder Judicial y plantea sanciones que oscilen entre 30.001 y 600.000 euros por infracciones específicas. Sumar propone multas tanto para grupos de influencia como para altos cargos que oculten reuniones, omitan documentos o interactúen con 'lobbies' no registrados.

El partido plurinacional además considera que se debe contemplar como actividad de influencia "el uso de terceros para transmitir posiciones de un grupo de interés a personal público, incluyendo la financiación de asociaciones, 'think tanks' u otras entidades para influir en el debate público o regulatorio".

Interoperabilidad y huella normativa

Los grupos solicitan que el registro estatal sea interoperable con los de otras administraciones y con el europeo, y que se vincule a agendas de reuniones y a informes de huella normativa. ERC propone que empresas, asociaciones o consultorías publiquen un listado de colaboradores que hayan ejercido funciones de alto cargo o personal directivo público en los últimos cinco años.

Por su parte, el PNV pide que la ley entre en vigor seis meses después de su publicación en el BOE para disponer del tiempo necesario para aprobar los reglamentos correspondientes.