Trabajo inicia la negociación para que los despidos en España sean realmente disuasorios

Tras años de debate y resoluciones europeas que cuestionan la actual normativa española, el Ministerio de Trabajo arranca mañana la mesa de diálogo social para revisar las indemnizaciones por despido. La reunión pretende sentar las bases de una reforma que, según los sindicatos, haga que las compensaciones sean efectivas y disuasorias frente a los despidos injustificados, equilibrando los derechos de los trabajadores con las prácticas empresariales.

Convocatoria y contexto institucional

La cita tendrá lugar el lunes 20 de octubre a las 9:30 horas, presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz y responsable de todas las mesas de diálogo social que convoca el Ministerio.

Esta reforma se encuentra contemplada en el programa del Gobierno de PSOE y Sumar, y responde además a la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que ha considerado insuficiente la indemnización por despido improcedente, actualmente de 33 días por año trabajado. Según el CEDS, esta cifra "no es suficientemente elevada para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasoria para el empresario".

Resoluciones del CEDS y antecedentes sindicales

El Comité Europeo de Derechos Sociales condenó a España en julio de 2024 y junio de 2025 tras denuncias de UGT y CCOO. Los sindicatos indicaban que el sistema español "no permite reclamar una indemnización vinculada al daño real ni que ésta sea mínima, accesible y efectiva". El fallo señalaba además que se vulnera el artículo 24.b de la Carta Social Europea en la protección frente al despido improcedente, incluyendo trabajadores temporales contratados en fraude de ley.

La posición del Tribunal Supremo

Algunos tribunales habían elevado indemnizaciones individuales basándose en estas resoluciones, pero el Tribunal Supremo estableció en julio pasado que "la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores no puede verse incrementada en vía judicial".

El Alto Tribunal argumenta que la expresión derecho a una "indemnización adecuada" resulta "literalmente inconcreta" y que solo puede interpretarse mediante una intervención legislativa. Además, subraya que la indemnización tasada ofrece seguridad jurídica y uniformidad: "Esta fórmula legal ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos".

El Supremo también aclara que las decisiones del CEDS "no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares", a diferencia de otros tribunales internacionales.

Reacción sindical y objetivos de la reforma

Los sindicatos han insistido en que la negociación comience cuanto antes. Para CCOO y UGT, la reforma debe garantizar que la indemnización "repase el daño causado al trabajador" y tenga un efecto realmente disuasorio frente a despidos injustificados, considerando las circunstancias personales de cada empleado. La ministra Díaz anunció recientemente que la mesa arrancará mañana, cumpliendo estas demandas.

Tensiones con la patronal

La propuesta genera recelo entre empresarios, representados por la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, ha criticado a la vicepresidenta por su "monólogo social" y su enfoque que, según él, responde a intereses políticos.

Desde Trabajo, Joaquín Pérez Rey respondió a estas críticas: "Estar en una mesa de diálogo social no es sólo para calentar la silla. Hay que estar para proponer, para hacer propuestas y para alcanzar acuerdos. El Ministerio de Trabajo no ha variado esta manera de proceder en los ya largos cinco años que llevamos al frente de esta gestión".